Este miércoles la Policía detuvo a Sergio Alejandro Guzmán, subdirector de operaciones de la cárcel de Bouwer, en Córdoba. La orden de aprehensión fue impartida por el fiscal de delitos complejos de Córdoba, Enrique Gavier.
Las primeras investigaciones señalan que Guzmán estaría involucrado en una asociación ilícita que ofrecía a internos del penal «mejorar la calidad de vida» dentro de la institución, a cambio de sumas de dinero. Esta detención deja al descubierto una posible red de corrupción que podría tener ramificaciones más amplias dentro de la administración carcelaria.
La aprehensión del subdirector principal de operaciones del penal se llevó a cabo en su domicilio particular, sorprendiendo a vecinos y allegados. En paralelo, las autoridades realizaron un allanamiento en su oficina dentro del complejo carcelario. El propósito era secuestrar material que pudiera resultar de relevancia para el avance de la investigación.
En este marco, la trama se complica aún más con la detención de un abogado penalista cuyo nombre aún no ha sido revelado, pero que se presume tiene vinculaciones con este esquema ilícito. Además, según fuentes cercanas al caso, no se descartan más detenciones en el corto plazo. De hecho, rumores apuntan a que un funcionario del Gobierno provincial podría ser detenido en las próximas horas en relación con este caso.
Este escándalo saca a la luz públicamente la urgente necesidad de una revisión exhaustiva y transparente de los procedimientos y operaciones dentro de los penales, así como de los individuos que ocupan cargos de responsabilidad en estos centros.