La propuesta del presidente Javier Milei de reformar el régimen de propiedad intelectual en semillas ha encendido un debate crucial en el sector agropecuario argentino. Mientras el mandatario lo enmarca como un pilar de su ‘revolución del agro’, la condición de adherir a la convención UPOV 91, vinculada a un acuerdo comercial con Estados Unidos, encuentra un fuerte rechazo en ‘el campo’, que insiste en la necesidad de una nueva ley pero sin la implementación de dicho marco internacional.
Durante su reciente discurso en el Congreso, el presidente Milei señaló la mejora del régimen de propiedad para los “innovadores” en semillas como uno de los ejes fundamentales de su ambiciosa “revolución del agro”. Esta iniciativa busca modernizar el marco legal que rige la creación y comercialización de nuevas variedades de semillas, un aspecto vital para la productividad y competitividad del sector primario.
Sin embargo, la propuesta presidencial no llega sin controversia. La adhesión a la convención UPOV 91 (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, Acta de 1991) se presenta como una condición implícita en el marco de un acuerdo comercial más amplio con Estados Unidos. Esta convención, que endurece las condiciones de propiedad intelectual sobre las variedades vegetales, es vista por parte del sector agropecuario como perjudicial para los productores, quienes temen mayores costos y restricciones en el uso propio de las semillas.
Desde ‘el campo’, la postura es clara y contundente: si bien reconocen la necesidad de una actualización en la legislación de semillas, existe una firme oposición a la implementación de UPOV 91. Fuentes del sector han expresado de manera recurrente su deseo de una nueva ley que equilibre los derechos de los obtentores con los de los productores, garantizando la sustentabilidad y equidad en el acceso a la tecnología genética. La consigna es «sí a una nueva ley, pero no a UPOV 91», marcando una línea divisoria entre las intenciones del gobierno y las demandas del sector productivo.
Este escenario plantea un desafío significativo para la administración de Milei, que deberá navegar entre los compromisos internacionales y las demandas internas de un sector clave para la economía nacional. La discusión sobre la propiedad intelectual en semillas trasciende lo meramente legal, impactando directamente en la soberanía alimentaria, la innovación tecnológica y la estructura económica del agro argentino.
