La provincia de Córdoba avanza con una nueva regulación para la aplicación de fitosanitarios con drones, implementando un registro provincial obligatorio y requisitos de habilitación anual para operadores y equipos. Esta medida se inscribe en un esfuerzo por formalizar y garantizar la seguridad en el uso de la tecnología de drones en la agricultura.
Un paso crucial hacia la profesionalización y la seguridad ambiental en el campo cordobés. La provincia se suma a la tendencia de otras jurisdicciones que buscan establecer marcos claros para el manejo de fitosanitarios mediante vehículos aéreos no tripulados, respondiendo a la creciente adopción de esta herramienta en la producción agrícola.
La nueva disposición exige que todos los operadores de drones dedicados a la aplicación de productos fitosanitarios se inscriban en un registro provincial específico. Esta inscripción es un pilar fundamental para formalizar la actividad y asegurar un control adecuado sobre quienes realizan estas tareas, promoviendo la transparencia y la responsabilidad en el sector. La habilitación para operar, por su parte, tendrá carácter anual, lo que implica una revisión y actualización constante de los permisos, asegurando que los estándares de operación se mantengan a lo largo del tiempo.
Para obtener esta habilitación, los solicitantes deberán presentar documentación fehaciente emitida por la autoridad aeronáutica competente. Este requisito es vital para garantizar que tanto los equipos utilizados como las operaciones cumplen con las normativas de seguridad aérea vigentes. Adicionalmente, se exige la acreditación de personal capacitado para la operación de estos equipos, subrayando la importancia de la pericia y el conocimiento técnico para manejar una tecnología que demanda precisión, responsabilidad y un profundo entendimiento de los productos aplicados y su impacto potencial.
Según las nuevas directrices que regirán la actividad en la provincia, “quienes realicen este tipo de tareas, deberán inscribirse en un registro provincial. La habilitación tendrá carácter anual y requerirá documentación emitida por la autoridad aeronáutica, así como la acreditación de personal capacitado para la operación”.
La incorporación de drones en la agricultura ha revolucionado la forma de aplicar fitosanitarios, ofreciendo ventajas significativas en precisión, eficiencia y reducción del consumo de recursos. Sin embargo, su uso también plantea importantes desafíos regulatorios en cuanto a seguridad operacional, potencial impacto ambiental debido a la deriva de productos, y la necesidad de una capacitación rigurosa del personal. La iniciativa de Córdoba se enmarca, por tanto, en un contexto donde diversas provincias argentinas están desarrollando marcos normativos similares para asegurar un desarrollo sostenible y responsable de esta tecnología en el sector agropecuario, protegiendo tanto a los operarios como al medio ambiente y las comunidades rurales.
