El sector agropecuario, a través de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), ha elevado un nuevo pedido al Gobierno nacional para que la reducción de retenciones, prometida por el presidente Javier Milei, se implemente a un ritmo más acelerado y con un cronograma definido que culmine en su eliminación total. Este reclamo se suma a un reciente análisis de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), que ha puesto en evidencia el ‘costo invisible’ que estos tributos representan para la cadena de valor del maíz.
La urgencia del campo: Acelerar la quita de retenciones
La demanda de CARBAP subraya la necesidad de una mayor celeridad en la política de desgravación de las exportaciones agropecuarias. La entidad ruralista sostiene que las promesas de campaña deben materializarse con mayor dinamismo para aliviar la carga impositiva sobre los productores, que consideran uno de los principales obstáculos para la rentabilidad y la inversión en el sector.
El pedido no solo se enfoca en la velocidad de la aplicación de las rebajas, sino también en la transparencia y previsibilidad. CARBAP insiste en la importancia de que el Poder Ejecutivo presente un cronograma explícito y de cumplimiento progresivo que detalle los plazos y porcentajes de reducción hasta alcanzar la eliminación completa de las retenciones, brindando así un horizonte claro a los productores y facilitando la planificación a largo plazo.
Desde CARBAP le pidieron al Gobierno que la baja de retenciones prometida por Milei sea más veloz que lo anunciado e incluya un cronograma hasta su eliminación completa.
El «costo invisible» del maíz: FADA le pone números al perjuicio
En paralelo al reclamo de CARBAP, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) ha realizado un minucioso estudio que cuantifica el impacto negativo de las retenciones sobre la cadena maicera. Este «costo invisible» se traduce en una merma directa de la rentabilidad para todos los eslabones, desde el productor primario hasta la industria y los servicios asociados.
Aunque la fuente no detalla las cifras específicas, el informe de FADA busca visibilizar cómo estos impuestos a la exportación no solo disminuyen el precio que recibe el productor, sino que también desincentivan la inversión en tecnología, infraestructura y expansión productiva. El perjuicio se extiende a toda la economía regional, afectando la generación de empleo y el desarrollo local en zonas con fuerte impronta agroindustrial, como la de Villamaría.
A la par, un cálculo de FADA le pone números al perjuicio que sufre la cadena maicera con este impuesto.
Este «costo invisible» se manifiesta en la menor capacidad de los agricultores para reinvertir en sus campos, adquirir insumos de calidad o mejorar sus procesos, lo que a la larga impacta en la productividad y competitividad del sector en los mercados internacionales. La medición de FADA busca aportar datos concretos al debate sobre la sostenibilidad y el futuro del agro argentino.
Un impacto directo en la producción y el desarrollo regional
La doble presión, tanto por la persistencia de las retenciones como por la lentitud en su desmonte, genera un ambiente de incertidumbre que afecta directamente las decisiones de siembra y la planificación económica de miles de productores. La cadena del maíz, fundamental para la alimentación animal y la producción de biocombustibles, es uno de los motores económicos de muchas regiones del país, incluida la influencia indirecta en nuestra zona.
La reducción o eliminación de estos impuestos es vista por el sector como una medida clave para estimular la producción, fomentar la inversión y, en última instancia, aumentar el ingreso de divisas al país, beneficiando a la economía en su conjunto. La agilidad en la toma de decisiones gubernamentales es, para el campo, tan crucial como la dirección de esas políticas.
Contexto: Un reclamo histórico del sector agropecuario
La discusión sobre las retenciones a las exportaciones agropecuarias no es nueva en Argentina. Desde su implementación, han sido objeto de un debate constante entre el sector productivo, que las considera un impuesto distorsivo y confiscatorio, y el Estado, que las justifica como una herramienta de recaudación y de desacople de precios internos.
Históricamente, las organizaciones ruralistas han reclamado la eliminación de estos tributos, argumentando que restan competitividad a los productos argentinos en el mercado global y penalizan la producción. La promesa de campaña del actual gobierno de desmantelarlas generó expectativas que ahora el sector busca que se concreten con la velocidad y la previsibilidad necesarias para reactivar la inversión y el crecimiento del campo.
