La legisladora provincial Karina Bruno, integrante del bloque Córdoba, ha presentado este martes 9 de junio de 2026 un proyecto de resolución ante la Legislatura para solicitar el apartamiento preventivo de Marcos Carasso de su cargo en el Tribunal de Cuentas de la provincia. Esta iniciativa surge a raíz de la reciente imputación de Carasso en una causa judicial, cuyo detalle no ha sido especificado en la presentación.
El pedido de la representante del bloque Córdoba busca, según fuentes cercanas a la iniciativa, garantizar la transparencia y la probidad en una institución clave para el control de los fondos públicos. La medida propuesta es de carácter preventivo, a la espera de la evolución de la situación judicial que enfrenta el funcionario.
La Solicitud: Transparencia y Probidad Institucional
El proyecto de resolución de Bruno enfatiza la necesidad de salvaguardar la imagen y el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, organismo encargado de fiscalizar la gestión económica y financiera de la administración pública. La imputación de uno de sus miembros, sea cual fuere el tenor de la causa, genera un precedente que la legisladora considera incompatible con la función de contralor que debe ejercer la institución.
La propuesta de apartamiento preventivo busca evitar cualquier tipo de injerencia o duda sobre la imparcialidad del Tribunal mientras se desarrolla el proceso judicial. Este tipo de acciones son comunes en la esfera pública cuando funcionarios de alto rango se ven envueltos en investigaciones judiciales, buscando preservar la integridad de la institución que representan.
El Rol Crucial del Tribunal de Cuentas
El Tribunal de Cuentas es una entidad autárquica y con independencia funcional en la provincia, cuya misión principal es el control externo posterior de la ejecución del presupuesto, la gestión de bienes y el análisis de la legalidad, legitimidad y oportunidad de los actos administrativos que impliquen ingresos y egresos de fondos públicos. La figura de sus vocales, como es el caso de Carasso, reviste una importancia capital para la confianza ciudadana en la administración.
La trascendencia de este organismo radica en su rol de garante de la correcta aplicación de los recursos estatales, siendo un pilar fundamental para la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. Por ello, cualquier situación que afecte la credibilidad de sus miembros suele generar un debate público y político significativo en torno a la necesidad de preservar su independencia y probidad.
