Luego de un prolongado y tenso debate que incluyó la participación de vecinos, proteccionistas y fuertes cruces entre las bancadas, el Concejo Deliberante de Villa María aprobó este jueves 23 de julio de 2026 una nueva ordenanza que establece un marco normativo integral para la protección, el bienestar, la tenencia responsable, el registro, el control y la comercialización de animales dentro del ejido urbano. La normativa logró la aprobación por mayoría gracias a los votos del bloque oficialista de Hacemos Unidos por Villa María, mientras que la oposición rechazó de manera unánime el proyecto, negando su acompañamiento tanto en general como en particular.
Identificación por chip y parámetros de tenencia en hogares
Uno de los cambios más significativos que introduce la flamante legislación es la creación del Registro Municipal de Animales. Este sistema permitirá la identificación individual de las mascotas mediante dispositivos tecnológicos, específicamente a través de un chip. Según fundamentó el concejal oficialista José Cativelli, esta herramienta tecnológica resultará clave para facilitar la recuperación de animales perdidos, identificar con precisión a sus responsables y fortalecer las políticas de control del municipio.
En cuanto a la habitabilidad, la normativa establece nuevos criterios de tenencia responsable vinculados a la vacunación obligatoria, la higiene, el espacio disponible y las condiciones sanitarias generales. Un dato relevante es que el proyecto no fija un límite numérico estricto de perros o gatos permitidos por vivienda. En su lugar, determina que la cantidad de mascotas deberá adecuarse estrictamente al bienestar de los propios animales y de las personas que conviven en el espacio.
Castraciones, regulación de guarderías y fin de la tracción a sangre
Respecto al control poblacional, el oficialismo ratificó que las campañas de castración masiva continúan siendo un eje central de la política pública local. No obstante, Cativelli aclaró que la descentralización de las cirugías no se realizará de manera improvisada en cualquier espacio, sino bajo condiciones técnicas y sanitarias específicas. Paralelamente, la ordenanza incorpora de forma oficial la figura del «animal comunitario», definiendo como tal a aquellos ejemplares que viven en la vía pública pero reciben alimentación y cuidados de parte de los vecinos; para ellos se prevé su obligatoria identificación y esterilización.
La nueva regulación también alcanza a las guarderías de animales y establece una prohibición tajante de la tracción a sangre dentro del radio urbano, con las únicas excepciones que ya prevé la legislación vigente. Desde el oficialismo se justificó la urgencia de esta medida señalando que durante el último mes se detectaron unos 20 caballos sueltos en la vía pública, por lo que la ordenanza contempla severas multas, el secuestro de los equinos e incluso la intervención de la Justicia.
Cruces políticos por la participación y denuncias de «alquiler de DNI»
El debate legislativo expuso las profundas diferencias entre las fuerzas políticas de la ciudad. José Cativelli defendió el texto asegurando que fue elaborado con la participación de médicos veterinarios, universidades y colegios profesionales, y enfatizó que la ordenanza
«no responde a una decisión política, sino a evidencia científica»
, destacando además que el proyecto original sufrió modificaciones durante el trabajo en comisión.
Por su parte, el concejal Diego Olivero respaldó el proceso legislativo al afirmar que
«hemos escuchado a todos los sectores»
. En su discurso, Olivero cuestionó la utilización política del reclamo animalista, argumentando que muchas veces los turnos de castración disponibles en el municipio no llegan a completarse. Asimismo, lanzó una fuerte denuncia pública al alertar sobre la existencia de un supuesto «microemprendimiento» dedicado a alquilar Documentos Nacionales de Identidad (DNI) de ciudadanos de Villa María para que personas de otras localidades pudieran castrar gratuitamente a sus animales en el servicio municipal.
La oposición denunció un tratamiento exprés y reclamó metas claras
Desde la vereda opuesta, los bloques opositores criticaron con dureza la celeridad del tratamiento y la falta de consenso. La concejala Evelyn Acevedo, de Juntos por el Cambio, justificó su voto negativo señalando que
«la herramienta que votamos no es la adecuada»
. Acevedo calificó el debate de apresurado, criticó la falta de participación ciudadana real y recordó que existía una propuesta alternativa respaldada por más de 6.000 firmas de vecinos que no fue incorporada al tratamiento. Según la edila, la ordenanza aprobada es una recopilación de normas preexistentes que no actualiza las políticas de fondo para combatir la superpoblación.
En sintonía, el concejal Manuel Sosa, de Uniendo Villa María, solicitó formalmente que el expediente regresara a comisión. Sosa argumentó que en un lapso de apenas 48 horas solo se escuchó la postura de funcionarios del Ejecutivo municipal, dejando fuera del debate a los profesionales independientes y a las organizaciones proteccionistas que trabajan diariamente en el territorio. Al no prosperar su moción de postergación, el edil rechazó la norma en la votación general.
Finalmente, el concejal Pablo Perret sumó sus críticas enfocándose en el aspecto sanitario y conceptual del proyecto. Perret advirtió que Villa María atraviesa una verdadera crisis de salud pública por la superpoblación animal y cuestionó que la ordenanza no establezca metas cuantificables de castraciones anuales, un presupuesto específico garantizado ni campañas de esterilización barriales con carácter permanente, perdiéndose así la oportunidad de consolidar una política de Estado a largo plazo.
Tensión en las gradas y un cierre bajo estricta vigilancia
La sesión ordinaria se desarrolló en un marco de alta temperatura política y social. Un importante número de vecinos y militantes proteccionistas colmó las gradas del Concejo Deliberante para seguir de cerca la votación. A lo largo de la jornada, se registraron constantes interrupciones, duros cruces verbales entre los concejales de distintas bancadas y ruidosas manifestaciones desde el público, lo que obligó al presidente del cuerpo legislativo a intervenir en reiteradas oportunidades para solicitar orden y garantizar la continuidad de la sesión.
Antes de proceder a la votación definitiva que consagró la ordenanza por mayoría oficialista, el concejal Juan Pablo Irusta solicitó mesura a los presentes y remarcó el trabajo técnico realizado, asegurando que el proyecto final no fue un paquete cerrado, sino que fue minuciosamente revisado y modificado artículo por artículo durante los encuentros de comisión.
