La ciudad de Córdoba se encamina a aprobar un estricto marco regulatorio para combatir las denominadas «hordas» de motociclistas y los ruidos molestos provocados por los escapes libres. El proyecto de ordenanza, que unifica siete iniciativas legislativas diferentes en el Concejo Deliberante de la capital provincial, adopta de manera directa las herramientas preventivas y punitivas que la Municipalidad de Villa María viene aplicando con éxito en su territorio.
El derecho al descanso y el freno a las caravanas peligrosas
El cambio en la legislación responde a un persistente reclamo vecinal por el derecho al descanso y la necesidad de asegurar un entorno libre de contaminación acústica. En Villa María, este mismo diagnóstico impulsó en su momento la sanción de las ordenanzas 8.156 y 7.376, que ahora sirven como espejo para la capital cordobesa.
Uno de los puntos clave del proyecto es la tipificación legal de las «hordas de vehículos» para frenar el desorden urbano. Bajo esta categoría se encuadrará el desplazamiento conjunto de dos o más rodados que bloqueen calles, impidan la libre circulación o realicen maniobras peligrosas que pongan en riesgo la seguridad vial. Esta estrategia replica textualmente la ordenanza 8.266 de Villa María, una norma que resultó fundamental para desarticular agrupaciones motorizadas en la localidad del departamento General San Martín.
Multas severas, inhabilitación y responsabilidad solidaria
Quienes integren estas caravanas temerarias en Córdoba afrontarán severas sanciones económicas. El proyecto estipula multas que oscilan entre las 20 y las 200 Unidades Económicas Municipales (UEM), cuyo valor de referencia equivale a ocho litros de nafta súper por cada unidad. Además de la sanción monetaria, los infractores podrán recibir hasta 60 días de inhabilitación para conducir, la obligación de realizar trabajos comunitarios y la asistencia a cursos de seguridad vial.
La futura norma también persigue a los promotores de estos eventos, estableciendo multas a partir de las 50 UEM para los organizadores de las concentraciones. Asimismo, se introduce la figura de la «responsabilidad solidaria», lo que significa que el titular registral de la motocicleta deberá responder legalmente por las infracciones cometidas, aun cuando no haya estado conduciendo el vehículo al momento del control.
Decomiso inmediato y destrucción de caños de escape no homologados
La ofensiva contra la contaminación sonora otorgará a las fuerzas de seguridad la potestad de secuestrar de forma inmediata cualquier motocicleta que circule con dispositivos ruidosos o alterados. Para poder recuperar el rodado, el infractor no solo deberá abonar el costo del acarreo y la multa, sino que estará obligado a instalar un caño de escape homologado. El caño de escape antirreglamentario será decomisado y destruido en actos públicos de concientización ciudadana.
Villa María mantiene el estándar de control más estricto
A pesar de que el proyecto cordobés endurece significativamente las penas en la capital, el esquema punitivo de Villa María sigue siendo el más riguroso de la provincia. En la ciudad del sur cordobés, las consecuencias para quienes participan de estas agrupaciones temerarias van más allá de lo estrictamente vial: los infractores sentenciados enfrentan la suspensión temporal de beneficios sociales otorgados por el municipio, una restricción que abarca desde subsidios directos hasta programas de asistencia alimentaria.
