La polémica por el tendido de redes de telecomunicaciones en Villa María sumó un capítulo clave en el Concejo Deliberante. Los concejales opositores Felipe Botta, representante del bloque UCR / Caminando Futuro, y Pablo Perret, del Frente Cívico, presentaron un proyecto de ordenanza que busca derogar de manera inmediata la normativa que habilitó a la empresa AMX Argentina S.A. (que opera bajo la marca Claro) a realizar un tendido aéreo en la ciudad. La iniciativa legislativa apunta directamente contra la Ordenanza N.º 8.290/2026, sancionada en febrero de este año, y el convenio marco firmado entre el Municipio y la multinacional el pasado 16 de diciembre de 2025.
Un retroceso en la política de soterramiento de Villa María
El principal argumento de los ediles de la oposición radica en que la autorización otorgada a Claro representa un quiebre drástico en la política de planificación urbana que la ciudad sostiene desde hace más de una década. En los fundamentos de la propuesta, Botta y Perret recuerdan que la Ordenanza N.º 6.270 establece de manera obligatoria el soterramiento de las redes de servicios públicos, una medida que históricamente buscó evitar la saturación visual, ordenar el espacio aéreo y preservar la seguridad de los vecinos en la vía pública.
Los concejales cuestionaron con dureza los términos del acuerdo vigente, el cual permite a la firma de telecomunicaciones utilizar hasta tres postes cada 100 metros. Asimismo, la normativa objetada faculta a la empresa a montar su infraestructura sobre las columnas del alumbrado público, ménsulas y luminarias municipales, con el objetivo de alcanzar una cobertura inicial proyectada en 50.000 hogares.
Riesgos de seguridad y falta de avales técnicos en el acuerdo
La preocupación de la oposición no es solo estética, sino también operativa y ambiental. Los autores del proyecto advierten que el despliegue del cableado aéreo acarrea riesgos latentes y concretos para la comunidad, tales como la eventual caída de cables a la vía pública, cortocircuitos eléctricos y la sobrecarga física de las estructuras destinadas al alumbrado público de la ciudad. A esto se suma el impacto negativo sobre el arbolado urbano y la degradación de la imagen de los barrios.
Por otra parte, los ediles señalaron graves falencias administrativas en el proceso de aprobación. Según sostienen en el proyecto, el acuerdo con AMX Argentina S.A. no contó con un dictamen previo del Consejo Asesor de Planificación Urbana, carece de estudios de impacto ambiental específicos y se omitió realizar consultas previas a los centros vecinales de los sectores que se verán afectados por el tendido de los cables.
Exigen el retiro total de las instalaciones en un plazo de 90 días
El proyecto de ordenanza presentado no solo busca frenar futuras instalaciones, sino revertir lo ya ejecutado. La propuesta ratifica la plena vigencia de la normativa de soterramiento obligatorio y exige al Poder Ejecutivo Municipal que intime formalmente a Claro para que retire todas las estructuras aéreas que ya hayan sido desplegadas en el territorio local. Para ello, se propone fijar un plazo perentorio de 90 días, estableciendo que todos los costos económicos de los trabajos de remoción corran por cuenta exclusiva de la empresa prestataria. Tras su presentación formal, la iniciativa legislativa deberá comenzar su debate en las comisiones del Concejo Deliberante.
