Un abierto y durísimo cruce en el Tribunal de Cuentas de Villa María quedó documentado el pasado 11 de septiembre de 2026. La tensión política e institucional escaló mediante una respuesta por escrito enviada por el presidente del organismo de control, José María Sánchez (representante de Hacemos por Villa María), al tribuno opositor Maximiliano Andrés Romero, de la fuerza Uniendo Villa María.
La misiva oficial de Sánchez tuvo como objetivo rechazar de plano una nota que el dirigente opositor había remitido previamente, el 7 de septiembre de 2026, a través de la plataforma Ciudadano Digital. En dicha presentación, Romero denunciaba la existencia de trabas para ejercer el control municipal y alertaba sobre la pérdida de colaboradores en su equipo de trabajo.
La polémica por los contratos y la normativa de asesores
Frente a las quejas de Romero por la desvinculación de la abogada Lucía María Sosa Zayas, la contestación del oficialismo remarcó lo que consideró una paradoja: el propio vocal opositor no firmó la Resolución del Tribunal de Cuentas Número 39, fechada el 1 de junio de 2026, la cual permitía renovar el contrato de la letrada por un período de tres meses.
Sánchez puntualizó en el escrito que no existió una baja intempestiva o arbitraria de la profesional, sino un simple vencimiento de plazo contractual que el propio interesado omitió tramitar a tiempo para su continuidad.
En esa misma línea, la nota del presidente recordó con ironía que el marco normativo local no prevé la asignación de asesores exclusivos para cada vocal, marcando claras diferencias de criterio respecto al funcionamiento del Concejo Deliberante. Ante esto, el texto oficial aconsejó al tribuno opositor revisar minuciosamente la Carta Orgánica Municipal y el reglamento vigente para encauzar correctamente sus peticiones.
El oficialismo le pide la renuncia al vocal opositor
La controversia política escaló drásticamente de tono cuando, en el documento de respuesta, se sugirió de forma directa que el dirigente de Uniendo Villa María dé un paso al costado en su cargo si requiere de manera indispensable de letrados para poder interpretar las resoluciones contables del ente.
“Renuncie. El segundo candidato de su lista sabrá agradecérselo”
Este duro disparo textual de Sánchez en la nota cuestionó abiertamente la compatibilidad entre la actividad privada de Romero y la dedicación pública que exige su rol institucional.
Para fundamentar el reproche, el oficialismo adjuntó planillas de presentismo y advirtió que la oficina del vocal permaneció vacía casi toda la semana. Según el registro oficial detallado en el escrito, Romero registró estadías inferiores a los 60 minutos el lunes 7 y el jueves 10 de septiembre de 2026. A esta descripción de horarios reducidos, Sánchez sumó una grave acusación: faltar a los plenarios del cuerpo desde hace más de un año.
Testimonios internos descartan denuncias de censura
El titular del ente de control también desestimó de manera tajante la denuncia de Romero sobre supuestos impedimentos materiales para ingresar a su despacho de trabajo. La respuesta catalogó el relato del tribuno opositor como una mera impresión subjetiva, carente de precisiones sobre fechas, horas o responsables directos de tales maniobras.
Para rebatir formalmente la acusación de censura, la conducción del Tribunal de Cuentas apeló a los testimonios del personal administrativo apostado de manera permanente en la Mesa de Entradas y en las dependencias técnicas de control, identificando a las trabajadoras María Victoria Brunetto, Emi Guadalupe Martínez, Carola García y María Virginia Piva.
Sánchez concluyó que ninguna de las secretarias presenció jamás incidentes ni restricciones de acceso, por lo que descalificó completamente el planteo de censura funcional esgrimido por la oposición.
Disputa de fondo por el control de la fiscalización
La exigencia de renuncia y la mención explícita al suplente de la lista electoral transparentan una profunda disputa por el control territorial de la fiscalización de las cuentas públicas entre el oficialismo local y el espacio Uniendo Villa María.
Con el señalamiento de ausencias reiteradas y fallas administrativas en el trámite de contratos, la conducción del cuerpo busca deslegitimar los constantes pedidos de informes de la oposición, trasladando el costo político de las deficiencias al bloque requirente en un escenario de creciente polarización institucional.
