A través de una serie de comunicaciones institucionales enviadas a la prensa, bloques de la oposición en el Concejo Deliberante han puesto en marcha una arremetida legislativa que cuestiona de manera directa la transparencia en la administración de Villa María. Con la presentación de tres iniciativas de impacto institucional y social, los ediles opositores apuntan al libre acceso a los datos fiscales del Ejecutivo local y exigen mayor rigurosidad en la fiscalización del patrimonio comunitario.
El primer embate se formalizó el 15 de septiembre de 2026 de la mano del concejal Felipe Botta, titular de la bancada de la Unión Cívica Radical / Caminando Futuro. El edil ingresó un proyecto de resolución elevado a la administración comunal para requerir a la Secretaría de Economía, Transformación y de Desarrollo Productivo un informe exhaustivo sobre el esquema tributario vigente y las contraprestaciones que se le brindan efectivamente al contribuyente.
Trabas administrativas e incertidumbre sobre las cuentas públicas
Desde el bloque radical advirtieron que el engranaje burocrático del gobierno encabezado por el intendente Eduardo Accastello, referente de Hacemos Unidos por Villa María, entorpece de forma sistemática el acceso público a la información. Según se señala en los fundamentos del parte emitido por el concejal Botta, las tramas administrativas impuestas por el oficialismo no solo desalientan la fiscalización de los actos de gobierno, sino que terminan sembrando dudas y suspicacias entre los vecinos sobre el destino de los fondos comunales.
En forma paralela, el frente opositor sumó otro reclamo centrado en el ámbito barrial. El 14 de septiembre de 2026, el concejal Manuel Sosa, integrante de la fuerza Uniendo Villa María, formalizó la entrada de dos proyectos de ordenanza elaborados de manera conjunta con el tribuno de cuentas de su espacio, Maximiliano Romero. La primera de estas normas exige la creación de un sistema de control y publicidad obligatoria para el inventario de bienes de todos los centros vecinales de la ciudad.
Lupa sobre las instituciones de barrio y el patrimonio común
El proyecto orientado al ámbito vecinal busca auditar el destino final y el uso de las asignaciones que el Estado municipal otorga a estas organizaciones intermedias. Con esta medida se pretende transparentar el manejo de los fondos que circulan por los distintos barrios de la ciudad y fijar un orden patrimonial claro.
“Registrar y transparentar ese patrimonio no es burocratizar: es cuidarlo y garantizar que los vecinos sepan con qué cuenta cada institución y cómo se administra”
A esta propuesta de fiscalización, el bloque Uniendo Villa María sumó una segunda propuesta orientada al ámbito educativo y de asistencia social: la creación del Registro Municipal de Voluntariado Educativo. El objetivo es consolidar una red de contención para sostener las trayectorias escolares con apoyo vecinal, asignando al municipio la coordinación de los recursos humanos y el financiamiento de incentivos clave como becas y pases de transporte.
“Queremos un Estado que genere oportunidades, acompañe a quienes quieren involucrarse y, al mismo tiempo, garantice reglas claras y transparencia en el manejo de los recursos de todos”
Exigencia de rendición de cuentas en el escenario político local
La movida conjunta de los bloques opositores expone la decisión estratégica de articular una agenda enfocada en la rendición de cuentas del municipio. La exigencia sobre los números de la Secretaría de Economía y la iniciativa para inventariar las entidades barriales colocan el foco en el control del gasto y la administración de los recursos estatales.
Con estas acciones en el cuerpo deliberativo, tanto la UCR / Caminando Futuro como Uniendo Villa María buscan capitalizar las demandas ciudadanas de claridad y apertura institucional, marcando un fuerte contrapunto con las políticas territoriales y la gestión administrativa que encabeza el oficialismo local.
