La defensa técnica del exintendente de Villa María, Martín Gill, salió al cruce de la reciente decisión adoptada por la fiscalía de instrucción y aseguró de forma tajante que la causa penal en su contra se encuentra vencida. Tras la notificación emitida por el Ministerio Público Fiscal, el equipo legal del exmandatario municipal confirmó que interpondrá un recurso de apelación para frenar el avance del proceso hacia el debate oral y público.
Plazos agotados y un nuevo recurso ante la Cámara de Río Tercero
El abogado patrocinante, Eduardo Rodríguez, ratificó el camino judicial que tomarán en las próximas horas antes de que venza el plazo procesal.
“Para nosotros ha prescripto la causa. Seguimos sosteniendo los mismos argumentos. Más allá de la inocencia de Martín Gill, hoy también sostenemos la prescripción de la acción penal”
, aseveró el letrado, al tiempo que confirmó que formalizarán la apelación antes de este jueves ante la Cámara de Apelaciones con sede en la ciudad de Río Tercero.
Desde la postura defensiva cuestionaron severamente el accionar de la Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno de Villa María, a cargo de Juliana Companys, señalando que el organismo persiste en no valorar los elementos probatorios aportados por la contraparte. Según el planteo de Rodríguez, la fiscalía omitió incorporar las pruebas sugeridas por Gill a lo largo del proceso, situación que a su criterio hoy resulta extemporánea dado que la acción penal ha quedado extinta por el paso del tiempo.
El origen de la denuncia por violencia de género y el periplo judicial
El expediente judicial en contra del exintendente villamariense se inició en marzo de 2023, tras la denuncia presentada por María Rosa de Lourdes Astudillo en la Unidad Judicial local. La presentación formulada por la expareja del dirigente detalla presuntos episodios de violencia de género que habrían ocurrido entre diciembre de 2022 y enero de 2023, período en el cual el acusado se desempeñaba al frente del Ejecutivo municipal.
A partir de allí, la causa atravesó un sinuoso recorrido en los tribunales locales. La primera elevación a juicio fue dictada en marzo de 2024 y ratificada posteriormente en noviembre de ese mismo año por la jueza de Control, María Soledad Dottori. Sin embargo, el trámite procesal sufrió un vuelco significativo en mayo de 2025, cuando el tribunal superior con asiento en Río Tercero resolvió anular dicha elevación, desestimando además testimonios clave incorporados en la instrucción, entre ellos el de María Daniela Bertolino. Aquella resolución obligó a que el expediente fuera remitido nuevamente a la fiscalía de origen para profundizar la investigación probatoria, derivando en la reciente resolución que la defensa busca revocar definitivamente.
