La Auditoría General–Defensoría del Pueblo de Villa María, junto a la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto, encendieron las alarmas a nivel nacional al acudir formalmente al Senado de la Nación. Ambas dependencias manifestaron su profunda preocupación por el fuerte impacto que podría tener en los bolsillos de los vecinos una reforma legislativa en curso sobre los cuadros tarifarios del servicio de gas natural.
A través de un documento formal remitido a la Cámara Alta, los organismos locales analizaron en detalle el proyecto de ley registrado bajo el Orden del Día número 402. Según expresaron, la iniciativa parlamentaria atenta directamente contra los esquemas de protección tarifaria que rigen actualmente en el interior cordobés.
El riesgo de derogar normas clave para la Zona Fría
El foco del reclamo radica en que la propuesta debatida en el Congreso contempla la derogación de artículos fundamentales fijados por la Ley 27.637, así como sustanciales modificaciones sobre la Ley 25.565. Dichas normativas son las que extendían el régimen especial para usuarios residenciales —conocido popularmente como el beneficio de Zona Fría— hasta el 31 de diciembre de 2031.
Desde los organismos de control advirtieron que la iniciativa oficialista genera un escenario de grave incertidumbre respecto a las garantías jurídicas previas. Asimismo, remarcaron con preocupación que las condiciones futuras para poder acceder a algún tipo de tarifa diferencial podrían quedar sujetas al criterio discrecional de reglamentaciones o resoluciones posteriores.
Peligro de tarifazos para las familias de Villa María y la región
Las instituciones intervinientes, representadas en las figuras de Rafael Sachetto y Daniel Frangie, advirtieron que un volumen masivo de usuarios residenciales de Villa María, Río Cuarto y diversas localidades del sur provincial corren el riesgo inminente de perder este beneficio histórico. De concretarse la medida en el Congreso, los hogares deberían pasar a pagar cuadros tarifarios plenos, lo que se traducirá en incrementos severos en un servicio de primera necesidad.
En el informe elevado al Senado se subrayó además la absoluta falta de precisiones sobre cómo se implementarían los cambios para quienes ya están registrados en el sistema. Ante esta nebulosa administrativa, las defensorías exigieron de manera categórica que se fijen reglas de juego claras, previsibles y bien definidas antes de someter la norma a la votación definitiva en el recinto.
Propuestas alternativas para proteger a los usuarios cordobeses
Lejos de limitar su acción a un mero diagnóstico, las defensorías presentaron una serie de alternativas viables ante el Poder Legislativo. Entre los planteos entregados a los senadores, sugirieron preservar el actual criterio de segmentación territorial, pero combinándolo de ser necesario con evaluaciones de índole socioeconómica para no desamparar a los sectores más vulnerables.
Otra de las variantes elevadas al debate parlamentario contempla el establecimiento de esquemas de bonificaciones específicas por estacionalidad, aplicables puntualmente durante las temporadas de invierno o verano, cuando los consumos residenciales registran sus picos más elevados.
La presentación ante la Cámara Alta concluyó con un pedido formal para que las comisiones legislativas realicen un análisis exhaustivo del impacto social que provocaría esta reforma, con el fin supremo de salvaguardar los derechos adquiridos por los usuarios de la provincia de Córdoba.
