Familias, prestadores y referentes del sector de la discapacidad se movilizaron este miércoles 23 de septiembre en Villa María para hacer visible la crítica situación que atraviesa el sistema de asistencia e integración. La convocatoria, organizada por el grupo Hablemos de Autismo y Neurodiversidad, reunió a unas 50 personas en el Teatrino local, en una jornada donde se expusieron testimonios sobre las crecientes dificultades para sostener los tratamientos y garantizar la cobertura básica de las personas con discapacidad.
La actividad contó con un respaldo interdisciplinario e institucional, reuniendo en el mismo espacio a profesionales de la salud, familias atónitas ante el panorama económico y funcionarios locales. Entre los asistentes se destacó la presencia de los concejales José Cativelli y Silvina Irusta, quienes acompañaron la concentración y escucharon de primera mano los reclamos de la comunidad.
Incertidumbre legislativa y el pedido urgente de prórroga
Durante el encuentro, la abogada e integrante de la agrupación convocante, Carolina Coria, ofreció un diagnóstico tajante sobre el contexto actual y remarcó la importancia del reclamo colectivo para evitar la caída de derechos adquiridos. «Es un período muy golpeado para el sector de la discapacidad, lo único que lo ha sostenido es la unión y el alzar la voz, el reclamar, sostener la lucha», afirmó.
La referente hizo especial énfasis en la discusión parlamentaria que se lleva adelante a nivel nacional sobre la extensión del marco regulatorio de protección para la actividad. «Hoy se trató en comisión la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, después de que el gobierno diera a conocer la Ley de Presupuesto para el 2027, que prácticamente borra del mapa la Ley de Emergencia», advirtió Coria, expresando su preocupación ante la falta de precisiones oficiales sobre el futuro de las partidas presupuestarias.
«En caso de que no se vote la prórroga, el sector de discapacidad va a desaparecer del mapa de nuestro país, desaparece el sistema de prestaciones tal y como lo conocemos».
Alerta por la pérdida de prestaciones y precarización laboral
Siguiendo con su análisis, la letrada profundizó en las consecuencias operativas que implicaría la no renovación del marco de emergencia. Según Coria, se pone en riesgo directo la estructura técnica que sostiene el trabajo diario de miles de profesionales y la atención de los pacientes a lo largo de todo el país.
«Se cancela el nomenclador de prestaciones, el trabajo registrado, todos los avances que se habían conseguido a partir de la vigencia de la Ley de Emergencia», detalló. Ante este escenario, fue contundente al calificar el impacto de las medidas nacionales planteadas para el sector como una forma de «eutanasia social».
El impacto invisible en la economía familiar cotidiana
Desde la perspectiva de los hogares, los testimonios dieron cuenta del peso económico y emocional que representa afrontar las carencias del sistema actual. Verónica González, familiar de una persona con discapacidad, puso el acento en los costos ocultos y la falta de insumos elementales que la cobertura de salud debería garantizar de manera fluida.
«Una sociedad se define por cómo trata a las personas más vulnerables, y en esto quiero hacer especial hincapié porque nadie está exento de tener un familiar o alguna persona cercana con discapacidad», reflexionó González. En este sentido, remarcó que las gestiones para conseguir medicamentos, pañales o asistencia profesional continua se han transformado en una carrera burocrática desgastante.
«Últimamente es enorme la lucha por conseguir remedios, pañales o asistencia de algún profesional, son dolorosas las cosas que no se ven», agregó, explicando que gran parte de estas falencias terminan siendo absorbidas económicamente por la red de contención familiar o mediante la solidaridad comunitaria.
Cadena de pagos interrumpida: la situación de los profesionales
El reclamo también abarcó la realidad de los trabajadores y profesionales de la salud que prestan servicios al sistema. La psicopedagoga Virginia Genné expuso las dificultades financieras que enfrentan para sostener sus consultas y gabinetes privados debido al estiramiento persistente en los plazos de liquidación de sus honorarios.
«Esto es muy agotador. Como prestadores, lo que se ha agravado en este tiempo han sido los plazos de pago. Nosotros siempre empezábamos a cobrar a los 45 días, pero este es el segundo mes consecutivo en el que el tiempo de cobro llega a los 60 días», graficó Genné al describir el impacto de la inflación sobre sus ingresos reajustados a destiempo.
Finalmente, la profesional advirtió sobre las modificaciones en los trámites administrativos impuestos por las obras sociales. Según explicó, las nuevas exigencias para la presentación de las carpetas de prestaciones generan trabas burocráticas que podrían derivar en que muchas familias no logren cumplir los requisitos en tiempo y forma, poniendo en riesgo la continuidad de los tratamientos hacia el año 2027.
