Estudiantes, docentes, personal no docente y autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) protagonizaron este jueves 15 la Quinta Marcha Federal Universitaria. La movilización, que contó con una nutrida concurrencia de vecinos y sectores sindicales, recorrió las calles de la ciudad para confluir en un acto masivo en la plaza Centenario, donde se leyó un duro documento unificado que exigió al Gobierno nacional el cumplimiento inmediato de la ley de financiamiento educativo.
La jornada de protesta comenzó a las 17 en la sede de la UTN Villa María, ubicada en el barrio San Juan Bautista. Desde allí, la columna tecnológica marchó hacia el Rectorado de la UNVM para unificar fuerzas con la comunidad académica local. Ambas casas de estudio avanzaron juntas en dirección al centro villamariense, visibilizando un reclamo que trasciende las aulas y apunta directamente al sostenimiento del sistema universitario público.
El reclamo sindical y el freno judicial al ajuste nacional
Durante la concentración final en la plaza Centenario, el frente sindical dio lectura a una declaración conjunta en la que remarcaron que el reclamo no concierne únicamente al ámbito académico, sino a la sociedad en su conjunto. Las organizaciones gremiales denunciaron que el desfinanciamiento sistemático pone en riesgo las bases republicanas y democráticas del país, e interpelaron al Poder Ejecutivo por intentar gobernar mediante decretos de necesidad y urgente resolución.
“Esta es la manifestación de la voluntad de la comunidad universitaria, pero también es de la ciudadanía toda. El incumplimiento de la norma nos enfrenta a uno de los peores problemas que podemos tener como sociedad: poner en riesgo nuestra democracia y nuestro sistema republicano”.
El documento enfatizó que la ley de financiamiento fue expresamente sancionada por el Congreso de la Nación y respaldada por la Justicia, que declaró inconstitucional la intención oficial de dejarla sin efecto. En ese sentido, los gremios recordaron la vigencia de una medida cautelar que ordena la aplicación urgente de los artículos 5 y 6, referidos a la recomposición de los salarios docentes y no docentes y a la actualización de las becas estudiantiles. Además, exigieron de manera enfática la derogación del DNU 70/23 y reivindicaron la soberanía científica y tecnológica.
Atraso en becas, desplome salarial y el presupuesto más bajo de la historia
El análisis económico presentado por los sindicatos dio cuenta de una situación crítica en los números del sector. Calificaron la propuesta presupuestaria del Ejecutivo nacional como la más baja en materia educativa desde que se tiene registro, representando menos del 1% del Producto Bruto Interno (PBI). A este escenario se suma una pérdida constante del poder adquisitivo salarial durante los últimos tres años, lo que compromete seriamente la retención de cuadros técnicos y académicos calificados.
En lo relativo al bienestar estudiantil, los manifestantes rechazaron la idea de que los beneficios académicos constituyan un gasto o subsidio prescindible. Denunciaron que el monto de las Becas Progresar permanece congelado en 35.000 pesos desde 2024, un valor que resulta insuficiente para cubrir los costos básicos de transporte urbano y material didáctico. Asimismo, señalaron la drástica desinversión en las Becas Manuel Belgrano y el freno a las asignaciones orientadas a las vocaciones científicas tempranas.
La postura del movimiento estudiantil y la advertencia de las autoridades
Por su parte, los representantes del movimiento estudiantil de la UNVM advirtieron que los recortes presupuestarios en infraestructura y comedores, sumados a la deserción de docentes por motivos económicos, hacen que la gratuidad universitaria sea cada vez más difícil de sostener. Durante su alocución, vincularon las demandas actuales con las gestas históricas de la Reforma Universitaria de 1918 y el Cordobazo de 1969, al tiempo que expresaron su solidaridad con las facultades tomadas en Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos y Rosario.
“La educación no es un servicio, es un derecho. La universidad no se vende, la educación no se negocia y nuestros derechos no se entregan”.
En el plano institucional, la vicerrectora de la UNVM, Elizabeth Theiler, sostuvo que la universidad pública representa un orgullo nacional que atraviesa un momento bisagra. Señaló que tanto las familias como la comunidad universitaria realizan un esfuerzo desmedido para mantener las aulas abiertas en un contexto adverso y concluyó que, si bien el sistema aún está a tiempo de salvarse, el margen de acción se agota aceleradamente.
Federalismo educativo e igualdad de oportunidades
A su turno, el decano de la UTN Villa María, Gaspar Cena, dejó en claro su negativa a presenciar el deterioro progresivo de las instituciones de educación superior. Si bien destacó la colaboración recibida por parte de las autoridades municipales y provinciales para mitigar la coyuntura, ratificó que la responsabilidad legal y presupuestaria de sostener la educación superior le corresponde al Estado nacional.
Cena concluyó solicitando un compromiso real a la sociedad para defender un modelo universitario equitativo e inclusivo en todo el territorio argentino, donde estudiar en Villa María ofrezca exactamente las mismas oportunidades y garantías edilicias y académicas que en cualquier otra provincia del país.
Un conflicto que escala en todo el país
La movilización realizada en Villa María se enmarca en un plan de lucha federal que replica las medidas de fuerza, marchas y visibilizaciones en los principales centros urbanos de la Argentina. La paralización de obras de infraestructura, la falta de actualización por inflación de las partidas para gastos de funcionamiento y el atraso frente a la canasta básica de los sueldos del personal de las universidades nacionales han llevado a un consenso inédito entre gremios, estudiantes y rectores, quienes anticipan que mantendrán las medidas de fuerza hasta obtener una respuesta presupuestaria concreta por parte de las autoridades nacionales.
