La investigación por el crimen de Delfina Aimino dio un paso decisivo en la Justicia local. La fiscalía de instrucción a cargo del Dr. René Bosio declaró cerrada la etapa de recolección de pruebas y resolvió eleva a juicio la causa que tiene como único imputado a Tomás Ariel Mulinetti, formalizando la medida en los tribunales de Villa María.
El requerimiento fiscal acusa a Mulinetti del delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, una figura que prevé la pena de prisión perpetua. La defensa técnica del acusado está a cargo de la funcionaria judicial Ivana Castoldi, de la Defensoría Pública del Tercer Turno.
Ataque mortal en cercanías del campus universitario
Según la reconstrucción efectuada en el expediente judicial, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 1 de enero de 2026. La pareja, que mantenía una relación sentimental desde julio de 2025, coordinó un encuentro y se trasladó a bordo de un automóvil Ford Ka negro hacia un terreno baldío situado en las inmediaciones de la Universidad Nacional de Villa María.
Una vez en el predio, el agresor atacó a la joven utilizando un arma blanca tipo navaja, propinándole múltiples heridas punzocortantes. La instrucción determinó que la víctima intentó escapar a pie hacia una tranquera cercana, pero fue alcanzada por el acusado, quien le causó lesiones mortales de forma instantánea.
El resultado de la autopsia y el intento de ocultar evidencias
El informe forense incorporado a la causa confirmó que la causa del deceso fue un shock hipovolémico consecutivo a las graves puñaladas recibidas. En la resolución, la fiscalía remarcó que el atacante actuó aprovechando una clara posición de superioridad y dentro de un marco de relación asimétrica de poder.
Tras cometer el crimen, Mulinetti sustrajo pertenencias de la víctima y se retiró del lugar para refugiarse en su vivienda del barrio Trinitarios. En el domicilio, el imputado llevó a cabo tareas de limpieza para lavar sus prendas de vestir y el vehículo utilizado en el traslado para intentar borrar rastros del hecho.
Jurados populares para el debate oral
Los padres de la joven, Omar Antonio Aimino y Eliana Gabriela Becerra, se encuentran constituidos como querellantes particulares en el proceso penal, contando con el patrocinio letrado de los abogados Mariano Astiz Campos y Alfonso Martín.
Con la elevación dispuesta por el fiscal Bosio, el juicio oral y público se desarrollará en la Cámara Criminal y Correccional de Villa María, proceso que contará con la integración de un Jurado Popular para juzgar la responsabilidad del imputado.
