En una resolución judicial con un fuerte impacto en el ámbito político local, el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y Penal Juvenil de Villa María, bajo la firma de la jueza Nerina Gamero, dictó una serie de medidas cautelares urgentes en el marco de una demanda por violencia de género. La orden recae sobre el tribuno de cuentas opositor Maximiliano Andrés Romero (Uniendo Villa María) y busca resguardar a la concejala oficialista Patricia Dolores Heredia (Hacemos Unidos por Villa María).
La disposición se encuadra en la Ley Provincial de Violencia Familiar Nº 10.401 y responde a los hechos denunciados y analizados en una audiencia previa, donde el juzgado consideró que existe “mérito suficiente” para resguardar la integridad de la edila de manera inmediata.
Cruces en el recinto y acusaciones de violencia política
Esta medida es la derivación directa de una acalorada sesión en el Concejo Deliberante, desencadenada luego de que la concejala Heredia solicitara una licencia por tres meses sin goce de haberes. La edila denunció que las confrontaciones políticas habían cruzado un límite aceptable, ingresando en su vida personal, matrimonial e íntima.
El conflicto estalló cuando Romero comentó una publicación en redes sociales del esposo de Heredia con insinuaciones sobre su fidelidad matrimonial, lo que desde el oficialismo calificaron de inmediato como violencia política de género orientada a disciplinar a la legisladora.
Durante el debate en el recinto, la concejala Celeste Curetti advirtió enfáticamente sobre el trasfondo de la agresión:
“Entender que una agresión, un desprestigio a la vida personal de una mujer no es parte, es violencia. Es violencia política de género, porque así se nos trata de disciplinar, así se nos trata de callar”.
Por su parte, la edila Silvina Irusta criticó los métodos de la oposición señalando que, a falta de capacidad argumentativa, recurren a la chicana constante en redes y en el recinto. En la misma línea, la jefa de la bancada oficialista, Yaslil Osés, cuestionó la postura del edil opositor Manuel Sosa por calificar lo sucedido como “cosas de la política”.
Antes de que se aprobara su licencia por unanimidad, la propia Patricia Heredia interpeló a los presentes respecto al perfil de la oposición:
“Yo pregunto, ¿personas así pueden ser candidatos a intendente? ¿Personas así nos pueden en algún momento mandar? Si vamos a ser candidato a intendente ensuciando a las personas, cayendo bajo y después disculpándose que esto es política… chicos, esto no es política”.
La réplica opositora y la denuncia de una operación
Ante las acusaciones, el concejal opositor Manuel Sosa intentó desmarcarse en primera instancia pidiendo disculpas públicas en el recinto:
“Si en algo se ha sentido ofendida, le pido disculpas”.
Sin embargo, con el paso de los días, el propio Sosa tildó lo sucedido como “una operación política del oficialismo para instalar un relato falso”, lo que reavivó la polémica con el bloque de Hacemos Unidos por Villa María. Desde la oposición argumentaron además ser víctimas de ataques coordinados a través de cuentas falsas y trolls atribuidores al oficialismo.
Alcances de la medida: ‘contacto cero’ y asistencia obligatoria
Pese a los descargos políticos, la Justicia consideró necesario fijar un límite legal estricto. La resolución impone, por un plazo inicial de dos meses, la prohibición absoluta y recíproca de acercamiento y comunicación entre Romero y Heredia. El tribuno no podrá aproximarse al domicilio, lugar de trabajo, estudio o espacios de esparcimiento de la concejala.
La medida judicial incluye de forma explícita el entorno digital: Romero tiene prohibido entablar comunicación verbal, telefónica o por intermediarios, así como publicar en plataformas como Facebook, WhatsApp, X, Instagram o TikTok fotos, videos o cualquier dato vinculado a la edila. El incumplimiento de estas disposiciones podría constituir el delito de desobediencia a la autoridad, bajo el artículo 239 del Código Penal. De no registrarse nuevos episodios en 60 días, la causa podría archivarse.
Como parte del fallo, Romero deberá asistir de manera obligatoria al Centro Integral de Varones, mientras que Heredia fue derivada al Polo Integral de la Mujer, teniendo ambos que acreditar sus respectivos tratamientos ante el juzgado.
El detalle de la notificación en la ciudad vecina
La tramitación del expediente judicial dejó al descubierto un dato de color dentro del panorama político local: la orden de notificación de la jueza Gamero para contactar a Patricia Heredia tuvo que enviarse a la Comisaría de Villa Nueva.
Los efectivos policiales debieron constituirse en un domicilio ubicado sobre la calle Marcos Juárez al 150 de la vecina localidad. El hecho de que una concejala en funciones, encargada de legislar y representar a los vecinos de Villa María, posea su residencia efectiva en Villa Nueva no pasó desapercibido en los pasillos del Deliberante.
