En la mañana de este lunes 19 de octubre, la Cámara del Crimen de Villa María dictó sentencia contra Ariel Fabián Barrios, un albañil de 21 años domiciliado en la ciudad. Durante la audiencia, desarrollada bajo la modalidad de juicio abreviado, el acusado reconoció plenamente su responsabilidad en los hechos imputados, lo que derivó en una pena de un año de prisión efectiva más el pago de las costas del proceso penal.
Barrios fue hallado culpable de los delitos de estafa y encubrimiento. Sin embargo, la resolución judicial derivó en un incremento substancial en el tiempo de reclusión que deberá afrontar, modificando de forma determinante su situación procesal frente a la justicia local.
Unificación de condenas y cárcel efectiva
Debido a que el joven ya contaba con un antecedente de dos años de prisión en suspenso, la magistrada interviniente dispuso la revocación de la libertad condicional de la que gozaba. Ante esta situación, se ordenó la unificación de las penas, fijando la condena definitiva en tres años de prisión de cumplimiento efectivo.
Tras la homologación del acuerdo penal entre las partes, se dispuso el inmediato traslado de Barrios al establecimiento penitenciario correspondiente para que comience a cumplir la pena unificada de reclusión en la penitenciaría.
Engaños por un videojuego y compra de una moto robada
El proceso penal juzgó dos episodios delictivos acontecidos en distintas fechas. El primer hecho se remonta al año 2023 y corresponde al delito de estafa, vinculado a maniobras fraudulentas desplegadas durante una transacción comercial orientada a la compra de un videojuego.
El segundo hecho investigado ocurrió en el año 2025 y se encuadró bajo la figura jurídica de encubrimiento. En esta última causa, la investigación logró probar que el acusado adquirió un bien de procedencia ilícita —específicamente al intentar comprar una motocicleta robada— a sabiendas del origen dudoso de dicho vehículo.
Las partes y el acuerdo en el tribunal
El debate judicial en la Cámara del Crimen estuvo presidido por la jueza Eve Flores, mientras que la acusación en representación del Ministerio Público Fiscal estuvo a cargo del fiscal de Cámara, Francisco Márquez. Por su parte, la defensa técnica del imputado fue ejercida por el abogado letrado Eduardo «Tati» Rigalt.
La causa se resolvió mediante un acuerdo previo suscrito entre la fiscalía y la defensa técnica, sustentado de manera directa en la confesión lisa y llana del acusado. Al ratificarse dicho pacto penal durante la audiencia abreviada, el tribunal procedió a ratificar la sanción definitiva sin necesidad de desarrollar un debate oral y público prolongado.
