A cuatro años del brutal ataque que cambió para siempre la vida de Agustina Cuzcueta, su familia rompió el silencio mediante un duro comunicado en el que exigen la fijación urgente de la fecha para el juicio oral y público. La joven, que tenía 16 años al momento del hecho ocurrido el 9 de noviembre de 2022 en el barrio Carlos Pellegrini de Villa María, sufrió secuelas neurológicas irreversibles y una condición de discapacidad permanente tras ser emboscada y golpeada salvajemente en la cabeza con una barra de hierro mientras circulaba en motocicleta.
Sin fecha de debate oral y con imputados a las puertas del banquillo
Pese al prolongado tiempo transcurrido, el proceso judicial ha comenzado a destrabarse recientemente luego de que los Tribunales rechazaran los diversos planteos defensivos presentados por la representación legal de los acusados. Con este revés para las defensas, la causa quedó en condiciones de avanzar hacia la etapa de debate oral, donde los imputados Juan Chiozzi y Gonzalo Mir deberán responder ante la ley por los delitos de amenazas calificadas y lesiones gravísimas dolosas.
Sin embargo, la demora acumulada genera una profunda indignación en el círculo íntimo de la víctima.
“Cuatro años de espera es demasiado tiempo. El dolor no prescribe, la exigencia de justicia y seguridad tampoco”
, manifestaron categóricamente los familiares a través del documento hecho público en las últimas horas, remarcando que el impacto físico y neurológico en la salud de Agustina se mantiene como una secuela cotidiana e imborrable.
Nuevas intimidaciones reavivan el pedido de protección estatal
El reclamo familiar no solo se centra en la mora judicial, sino también en un alarmante deterioro de las condiciones de seguridad para la víctima y sus allegados. En el mismo comunicado, la familia denunció haber sido objeto de recientes actos de intimidación y amenazas directas, atribuidas a personas vinculadas al entorno de Chiozzi y Mir.
Estas maniobras de amedrentamiento estarían orientadas a frenar la visibilización del caso que sostienen Verónica Vílches, madre de Agustina, y Nadia Brossard, ambas integrantes y referentes de la organización Verdad y Justicia. Ante este escenario, la querella exigió una intervención inmediata del Poder Judicial y del Estado provincial para arbitrar medidas de protección efectivas que resguarden la integridad física de la joven y de quienes encabezan las marchas frente a los Tribunales de Villa María.
El pedido de un cambio de carátula: de lesiones a tentativa de homicidio
Además de la inmediata fijación del juicio oral y la implementación de custodias, el reclamo de la familia incluye un pedido técnico de fondo respecto a la calificación legal del expediente. La querella sostiene que el juzgamiento debe llevarse a cabo bajo un proceso penal transparente y con perspectiva de género, pero enfatizan en que la imputación actual resulta insuficiente para la gravedad de lo acontecido.
Para el entorno de Cuzcueta, la accionar de emboscar a una adolescente y asestarle un golpe de hierro directo en el cráneo no puede quedar circunscrito a la figura de lesiones gravísimas dolosas. La familia insiste en que la causa debe reencuadrarse bajo el delito de tentativa de homicidio, argumentando que existió una clara intención de quitarle la vida, por lo que solicitarán una condena firme conforme a dicha escala penal durante el futuro debate.
