La Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal asestó un duro golpe judicial a la estructura de Generación Zoe al confirmar el procesamiento de su líder, Leonardo Cositorto, y de los principales integrantes del conglomerado. La resolución ratifica la imputación por 1.095 hechos de estafa cometidos a través de la supuesta empresa de educación financiera y entramados de inversión.
Un esquema piramidal con fachada de formación financiera
De acuerdo con el dictamen del tribunal, a los acusados se les atribuye haber integrado una organización delictiva que operó de manera coordinada entre 2019 y abril de 2022. La red funcionaba bajo el nombre de fantasía «Organización Zoe» y tenía como objetivo central la captación masiva de fondos de terceros a cambio de promesas de elevadas rentabilidades y retornos económicos imposibles de sostener.
Los jueces detallaron la existencia de
«un esquema piramidal de recaudación de fondos, sustentado en la intervención de distintas personas con funciones ejecutivas y logísticas, que habrían actuado a sabiendas de que los compromisos asumidos con los aportantes no serían cumplidos»
, dejando en evidencia la premeditación de la maniobra.
División de roles y proyección internacional
La investigación sostiene que la organización operaba con una clara división de funciones y niveles de responsabilidad graduados. La conducción absoluta estaba a cargo de Cositorto, escoltado por una cúpula que ejercía el rol de jefes u organizadores de la estructura central para garantizar la operatividad de la red.
Para captar a miles de ahorristas, la firma proyectaba una imagen de solidez y prosperidad comercial. Su oferta incluía cursos de coaching, trading y liderazgo, combinados con opciones de inversión en criptoactivos, tokens, emprendimientos inmobiliarios y presuntas operaciones respaldadas por oro. Para sostener esta narrativa, desplegaron una red de sedes en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y múltiples provincias del interior del país, extendiendo sus tentáculos al exterior en países como Estados Unidos, Colombia, Perú, España, Bolivia, México y Guatemala.
Millonario perjuicio económico y giros en la causa
El impacto económico provocado por la red defraudatoria alcanza cifras siderales. Los peritajes judiciales estimaron el perjuicio durante el período investigado en más de 16 millones de dólares, sumados a más de 4 millones de pesos, 6.500 euros y diversos bienes registrables cuyo valor final aún no ha sido determinado.
En su fallo, los jueces Pablo Yadarola, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi introdujeron un cambio clave al revocar 23 sobreseimientos que habían sido dictados previamente por la jueza María Alejandra Alliaud. El tribunal consideró indispensable profundizar la investigación sobre los vínculos de esos imputados con la trama piramidal. Esta misma revocatoria alcanzó a 12 personas que continuarán bajo la lupa judicial por el presunto delito de lavado de activos procedentes de las maniobras ilícitas de la firma.

