El Secretario General del Sindicato de Mecánicos y Afines al Transporte Automotor (SMATA) en Córdoba, Maximiliano Ponce, se encuentra bajo la lupa de la justicia tras ser formalmente imputado por un presunto delito de abuso sexual. A esta grave acusación inicial, se le ha sumado una nueva denuncia que detalla actos de hostigamiento, persecución e intento de manipulación, lo que ha llevado a la imposición de una restricción de acercamiento hacia la denunciante.
La imputación contra Ponce se origina en un hecho que, según la presentación judicial, habría ocurrido en noviembre de 2025. Esta fecha, que figura en el expediente, es un detalle relevante dentro de la investigación del supuesto abuso sexual. La situación judicial del dirigente gremial se complejizó con la adición de la segunda denuncia, la cual describe una serie de acciones destinadas a coaccionar a la víctima para que desistiera de su presentación inicial.
La denunciante, cuya identidad se mantiene bajo estricta reserva por la naturaleza sensible del caso, es también una dirigente activa dentro de la estructura de SMATA. Esta circunstancia agrega una capa de complejidad al proceso, dada la relación de poder implícita en la jerarquía sindical y el impacto potencial en el ambiente laboral y gremial.
La noticia ha generado un significativo impacto en el ámbito gremial cordobés, dada la relevancia de SMATA como uno de los sindicatos más influyentes del sector automotor. La imputación de un secretario general por delitos tan graves como el “abuso sexual” y el “hostigamiento, persecución e intento de manipulación” no solo afecta la imagen personal del líder, sino que también plantea serios interrogantes sobre la gobernanza y los mecanismos internos de protección y resolución de conflictos dentro de la organización sindical. La medida judicial de restricción de acercamiento subraya la seriedad de las acusaciones y la prioridad de proteger la integridad de la denunciante mientras avanza la investigación.
