La secretaria de Salud y Desarrollo Humano de la provincia de Córdoba, Liliana Montero, ha lanzado una contundente denuncia contra el Gobierno nacional de Javier Milei, acusándolo de un nuevo y severo recorte presupuestario en el área de la salud. Según estimaciones oficiales de la provincia, la reducción supera los 63.000 millones de pesos, una cifra que Montero calificó de manera drástica como un "genocidio sanitario".
Una Denuncia de Extrema Gravedad
La funcionaria provincial no escatimó en la dureza de sus palabras al referirse a las consecuencias de esta poda presupuestaria. La expresión "genocidio sanitario" subraya la magnitud de lo que, desde la perspectiva de la administración cordobesa, implica una afectación profunda y potencialmente devastadora para el sistema de salud público.
“El recorte de más de $63.000 millones en Salud es un genocidio sanitario que afectará directamente el acceso a [servicios esenciales]”
Montero recalcó que esta medida impactará directamente en el acceso de la población a servicios y prestaciones fundamentales, aunque la fuente no detalla específicamente cuáles. La preocupación radica en que una reducción de tal envergadura podría comprometer la operatividad de hospitales, la disponibilidad de medicamentos, insumos y la continuidad de programas de atención sanitaria cruciales.
El Millonario Impacto en la Salud Pública Provincial
La cifra de 63.000 millones de pesos representa un golpe significativo para las finanzas destinadas a la salud en Córdoba. Este monto, según la denuncia, proviene de recortes aplicados por la administración central, generando una brecha que las arcas provinciales deberán afrontar o, en su defecto, trasladar las consecuencias a la ciudadanía. La magnitud del ajuste pone en tela de juicio la capacidad de la provincia para mantener la calidad y la cobertura de los servicios de salud.
El término "genocidio sanitario" utilizado por Montero no es casual; busca enfatizar que las decisiones presupuestarias del Gobierno nacional tienen implicaciones directas sobre la vida y la salud de las personas, equiparando la falta de recursos con una forma de privación sistemática de derechos fundamentales.
Contexto de la Tensión Fiscal y Sanitaria
Esta denuncia se enmarca en un contexto de creciente tensión entre las administraciones provinciales y el gobierno central por la distribución de recursos y el sostenimiento de servicios esenciales. Las provincias han manifestado en diversas ocasiones su preocupación por la merma en las transferencias y la desfinanciación de áreas clave como la salud y la educación, atribuyendo al Ejecutivo nacional una política de ajuste que impacta directamente en las autonomías y la capacidad de gestión local.
La acusación de la secretaria Montero profundiza el debate sobre el rol del Estado en la provisión de salud pública y las responsabilidades compartidas entre los distintos niveles de gobierno, con los ciudadanos como principales afectados por estas disputas presupuestarias y políticas.
