El Ejecutivo municipal de Villa María, encabezado por el intendente Eduardo Accastello, ha dado un paso clave para reformular de manera integral las políticas de salud pública y bienestar animal en la ciudad. A través de un proyecto de ordenanza elevado en los últimos días al Concejo Deliberante, el oficialismo propone la creación del nuevo Centro de Zoonosis y Salud Animal, un organismo que reemplazará formalmente al actual Centro de Adopción Municipal (CAM), creado en 2013, ampliando significativamente sus competencias y estructura de control.
Adiós al CAM: llega un organismo con mayor poder de fiscalización y asistencia
El cambio de paradigma que plantea la gestión local no se limita a una modificación de nombre. El nuevo Centro de Zoonosis y Salud Animal asumirá las funciones históricas del CAM, como la promoción de la adopción responsable, pero sumará facultades de fiscalización, prevención, asistencia sanitaria y control poblacional. Desde el Ejecutivo sostienen que el crecimiento de la ciudad exige herramientas modernas frente a problemáticas complejas como el abandono, el maltrato animal y los riesgos de salud pública.
Bajo este nuevo esquema, el organismo no solo albergará y asistirá a los animales rescatados por el municipio, sino que también estará facultado para intervenir como soporte técnico en investigaciones judiciales o administrativas derivadas de denuncias por maltrato. Asimismo, se realizarán relevamientos poblacionales periódicos para medir científicamente el impacto real de las políticas de castración y control implementadas en el ejido urbano.
Identificación digital por QR y una plataforma pública de búsqueda
La modernización del área vendrá acompañada de la creación del Registro Municipal de Animales (RMA). Según detalla el proyecto, cada mascota de la ciudad podrá ser identificada mediante una credencial física o digital. Este sistema incorporará el uso de tecnologías accesibles para la ciudadanía como códigos QR, aplicaciones móviles y plataformas web, permitiendo consolidar una base de datos unificada y actualizada para optimizar la trazabilidad y la tenencia responsable.
En paralelo, la ordenanza prevé el lanzamiento de «Mascotas Perdidas», una plataforma digital pública y de acceso gratuito. Este espacio virtual funcionará como un canal oficial para que los vecinos puedan reportar extravíos, difundir alertas sobre animales encontrados en la vía pública y agilizar los procesos de restitución a sus hogares o, en su defecto, facilitar nuevas adopciones.
Regulación estricta para paseadores, criaderos y comercios del sector
El proyecto legislativo introduce por primera vez un marco normativo riguroso para los actores comerciales y de servicios vinculados al cuidado animal. En el caso de los paseadores de perros, se establece la obligatoriedad de inscribirse en un registro municipal específico, la contratación de un seguro de responsabilidad civil y el acatamiento de un límite máximo de animales que podrán trasladar de forma simultánea en la vía pública.
Por su parte, los criaderos, las guarderías caninas y los comercios dedicados a la compraventa de animales de compañía quedarán sujetos a un esquema de controles sanitarios periódicos y estrictos. El incumplimiento de estas pautas o de las normas de bienestar animal derivará en sanciones tipificadas en un nuevo régimen de infracciones, clasificadas en faltas leves, graves y muy graves con multas proporcionales.
Financiamiento autónomo, prohibición de la eutanasia y alianzas clave
Para garantizar la sostenibilidad económica de las nuevas políticas, el Ejecutivo propone la creación del Fondo para la Preservación Animal. Este fondo se nutrirá directamente de los recursos recaudados a través de las multas aplicadas por infracciones a la nueva ordenanza, así como también de donaciones y aportes de particulares o instituciones privadas.
En lo que respecta a los límites éticos de la intervención estatal, el texto ratifica de manera taxativa la prohibición del sacrificio y la eutanasia como métodos de control de la población canina y felina. La normativa establece que estas prácticas solo se admitirán como último recurso humanitario, bajo estrictos protocolos indoloros y con la firma obligatoria de un médico veterinario matriculado.
Hacia el cierre del documento, se faculta al municipio a suscribir convenios de colaboración científica y operativa con instituciones clave de la región, tales como el Colegio Médico Veterinario de Córdoba, la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) y las distintas asociaciones protectoras de animales con personería jurídica en la ciudad. El debate ya se encuentra en las comisiones del Concejo Deliberante, donde los ediles deberán evaluar la viabilidad de esta profunda reforma sanitaria.
