En el interior cordobés, la movilidad entre las pequeñas localidades y las grandes urbes de la región presenta un desafío histórico. La falta de frecuencias regulares y de ómnibus de línea que se adapten a las necesidades de los vecinos para asistir a turnos médicos, estudiar o realizar trámites, ha consolidado un sistema alternativo. El transporte personalizado en automóviles particulares y el servicio de comisiones se han transformado en una herramienta cotidiana e indispensable para conectar los pueblos con Villa María.
Se trata de vehículos radicados en las comunas vecinas que trasladan pasajeros y paquetería, generalmente bajo una tarifa fija. No están registrados como taxis en Villa María ni operan bajo plataformas digitales, pero cumplen una función social idéntica y, en muchos casos, irreemplazable. Sin embargo, esta rutina de convivencia regional se vio sacudida el mediodía del lunes 10 de agosto por un tenso episodio en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus local.
Un control de rutina que derivó en sospechas de transporte ilegal
El hecho, que fue relatado a este medio por Mailen Eslava, involucró a su hermana, María Ángela Gotta, quien conducía un Fiat Cronos afectado al servicio familiar de traslados entre San Antonio de Litín y Villa María. Como es habitual en su dinámica de trabajo, la conductora arribó a la ciudad para dejar a un pasajero en cercanías del Automóvil Club Argentino (ACA). Posteriormente, cruzó de mano y estacionó sobre el bulevar Alvear, un punto frecuente de parada donde los comisionistas esperan a los pasajeros que deben emprender el regreso a sus localidades.
En ese sector, una agente de la Guardia Local se aproximó al vehículo para solicitar la documentación de rutina: licencia de conducir, tarjeta verde y el comprobante de seguro. Debido a que la conductora no disponía del comprobante físico del seguro en ese instante, debió comunicarse con el propietario del automóvil para que le enviara una captura de la póliza digital. Tras exhibir la documentación en el teléfono celular, la inspectora constató que todo estaba en regla y le indicó que podía continuar.
«¿Usted está haciendo Uber?»: la acusación que desató el conflicto
El procedimiento, que parecía resuelto, dio un giro inesperado con la intervención de un segundo inspector municipal que se sumó al control. Según la denuncia pública de la familia, el agente abordó directamente a la joven con una acusación tajante:
“¿Usted está haciendo de Uber?”
A pesar de que la conductora intentó explicarle que provenía de San Antonio de Litín y que realizaba un servicio de comisiones y traslados para los habitantes de su pueblo, el inspector desestimó los argumentos. Según la reconstrucción de la familia, el agente le replicó:
“No, no, usted está haciendo de Uber. ¿Por qué lleva tanta gente si no? Bájese, le vamos a secuestrar el vehículo”
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La drástica decisión de la conductora para evitar el secuestro
Ante la inminencia de perder su herramienta de trabajo y considerando que las explicaciones eran ignoradas por la autoridad de control, la joven tomó una determinación extrema: subió la ventanilla del Fiat Cronos, encendió el motor y se retiró del lugar, dejando atrás el puesto de control municipal.
Si bien la situación no pasó a mayores tras la huida del vehículo, el entorno familiar de la transportista manifestó su profunda preocupación por el criterio utilizado en los operativos de tránsito locales. La rigidez de los controles contra las aplicaciones de transporte empieza a colisionar con una realidad de subsistencia y conectividad metropolitana que excede los límites regulatorios de la ciudad.
La red de comisionistas: el único nexo para los pueblos de la región
Este incidente expone la compleja trama del transporte interurbano en el departamento General San Martín y zonas aledañas. Decenas de localidades dependen exclusivamente de estos esquemas familiares de traslado, que operan tanto en automóviles particulares como en vans de mayor capacidad. Sin una regulación que contemple la figura del comisionista o transportista vecinal, estos trabajadores quedan expuestos de forma constante a ser catalogados como servicios de transporte ilegal o plataformas no autorizadas en los controles urbanos de Villa María.
