La mega causa Zoe en Villa María suma un capítulo de extrema tensión judicial. El abogado Guillermo Marcelo Dragotto, en representación del líder de la organización, Leonardo Nelson Cositorto, formuló una grave denuncia penal contra la fiscal de instrucción Juliana Companys. La acusación apunta a presuntas irregularidades y falsedades en el inicio de las actuaciones judiciales que desencadenaron las detenciones y los múltiples allanamientos en la ciudad.
El testimonio clave que desmorona el origen de la causa
De acuerdo con el escrito formal presentado por la defensa, la acusación se fundamenta de manera directa en el testimonio de una exsecretaria judicial, quien aseguró bajo juramento que el llamado telefónico que dio origen al expediente original
«nunca existió»
. Esta revelación pone en tela de juicio la legitimidad de todo el proceso posterior.
La maniobra denunciada impacta de forma directa en la causa caratulada «Abelonio Silvana y otros psa asociación ilícita y estafas», conocida popularmente como la Causa ZOE. Ante esta situación, en el documento se solicita formalmente que se investigue a la magistrada por los presuntos delitos de falsedad ideológica de instrumento público, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegal de la libertad.
Un acta bajo sospecha de falsedad ideológica
La trama detrás de la denuncia judicial se apoya en la declaración de la exfuncionaria judicial Karina Maritano ante la jueza Tulián, en una causa que actualmente está a cargo del juez de control Gustavo Hidalgo. En esa testimonial, Maritano expuso que la constancia telefónica labrada el 3 de noviembre de 2021 por la entonces prosecretaria Florencia Bortolussi constituye un instrumento público falso.
Aquel certificado original, emanado de la Fiscalía de Instrucción de Segunda Nominación de Villa María, daba cuenta de una supuesta comunicación al interno 73046. En esa línea, un denunciante anónimo refería haber asistido a un curso de capacitación en un local de la calle Alem, donde presuntamente le ofrecieron rendimientos del 7,5% mensual en moneda extranjera. Sin embargo, la defensa sostiene que dicha comunicación fue un montaje.
Planteo de nulidad por detenciones de tres años
A partir de estos elementos, el abogado Guillermo Dragotto argumentó que la investigación penal carece por completo de una base fáctica legítima. En ese sentido, el letrado remarcó que la detención preventiva impuesta a Leonardo Cositorto y a Maximiliano Batista, la cual ya se extiende por tres años, podría derivar en una privación ilegítima de la libertad agravada al sustentarse en un inicio fraudulento.
Para respaldar los puntos señalados, el defensor requirió que se incorpore formalmente al expediente una copia certificada de la declaración testimonial prestada por Maritano en los tribunales de la ciudad de Córdoba. Además, adjuntó una copia digital del decreto y del acta cuestionada de 2021 como prueba de las irregularidades señaladas.
El destino de la denuncia en los tribunales cordobeses
Actualmente, el expediente para evaluar la apertura formal de la investigación penal contra la fiscal Companys se encuentra en manos del fiscal de instrucción Matías Bornancini. Según puntualizó Dragotto, la Cámara de Acusación dispuso previamente la derivación de las actuaciones a esa sede del Ministerio Público Fiscal para continuar con el trámite correspondiente y determinar si existen elementos suficientes para imputar a la funcionaria de Villa María.
