El funcionamiento operativo del Tribunal de Cuentas de Villa María se encuentra en el centro de un fuerte debate institucional. A través de un parte de prensa difundido este 2 de septiembre de 2026, el espacio opositor Uniendo Villa María advirtió públicamente que la administración municipal dejó sin personal técnico de asistencia al tribuno de su bancada, limitando la capacidad de control sobre las arcas públicas.
La no renovación contractual que desató la polémica
El conflicto administrativo se originó el pasado 31 de agosto de 2026, fecha en la que el municipio notificó formalmente la decisión de no renovar el contrato de la persona que prestaba tareas directas de colaboración con el funcionario de control de la minoría. De este modo, a partir del 1 de septiembre de 2026, la profesional afectada quedó relevada de sus funciones dentro del organismo de contralor.
El concejal Manuel Sosa, perteneciente al bloque Uniendo Villa María, afirmó que esta determinación despojó al tribuno Maximiliano Romero de su único apoyo operativo. Según expuso el edil, el área técnica resulta indispensable para revisar la totalidad de los actos de gobierno, asegurando que la fiscalización de los fondos públicos no depende de una concesión gubernamental, sino de mandatos institucionales.
Un área clave para el control de los recursos públicos
Desde la bancada opositora detallaron que las responsabilidades cotidianas de la vocalía de control abarcan el seguimiento de diversas áreas sensibles del municipio. Entre las tareas técnicas indispensables que se ven afectadas por la falta de personal se encuentran la fiscalización de contrataciones públicas, el análisis de expedientes administrativos generales, el control de la ejecución de gastos corrientes y el destino final de las partidas presupuestarias locales.
El bloque legislativo de Uniendo Villa María insistió en que la supervisión de los números públicos involucra recursos que pertenecen a la comunidad villamariense y no a la gestión de turno. Por este motivo, demandaron que cada orden de pago y circuito administrativo pueda ser examinado y observado con normalidad formal. Pese a la reducción de la estructura, aseguraron que el tribuno Romero mantendrá sus pedidos de informes cotidianos enfocados en el erario comunal.
La réplica oficialista apunta a la firma del propio tribuno
La respuesta del oficialismo no se hizo esperar. El presidente del Tribunal de Cuentas, José Sánchez, replicó con dureza a los cuestionamientos de la oposición y los responsabilizó directamente por la caducidad de la relación laboral. A través de un comunicado oficial, el titular del cuerpo de contralor apuntó directamente contra la actitud del funcionario opositor.
“No deja de sorprender las expresiones del tribuno de cuentas, Maximiliano Romero acerca de las prestaciones de servicios de una persona en el Tribunal, cuando el mismo no firmó la contratación de la abogada Lucía María Sosa Zayas”
Sánchez detalló que la Resolución N° 39 de contratación de la abogada Sosa, con fecha 1° de junio de 2026, fue firmada por él mismo en calidad de presidente del organismo, por la vocal Virginia Margaría y por la secretaria Técnica Legal, María Virginia Piva. En este sentido, el presidente del Tribunal de Cuentas instó a la oposición a buscar explicaciones internas antes de emitir críticas públicas.
“Por ello, en lugar de difamar y cuestionar el concejal Sosa, debería preguntarle al tribuno de su partido político (Maximiliano Romero) por qué no le firmó la Resolución correspondiente de contratación de la abogada Sosa Zayas. Sin dudas, que el ejercicio político requiere seriedad y compromiso, no videítos en redes sociales”
El trasfondo político de la fiscalización local
El reclamo institucional de Uniendo Villa María busca visibilizar lo que consideran un obstáculo administrativo por parte de la gestión del intendente Eduardo Accastello, perteneciente a Hacemos por Villa María. Con esta acción, la fuerza opositora busca marcar una línea de confrontación directa sobre la transparencia gubernamental, instalando el debate del control de las cuentas públicas en el centro de la agenda política de la ciudad.
