En el marco de una investigación administrativa que sacude a la comunidad educativa local, la directora del CENMA 96, Mirta Abregú, y la secretaria de la institución, Silvia Fassetta, fueron apartadas provisoriamente de sus funciones. La medida busca resguardar el proceso investigativo que lleva adelante el Ministerio de Educación tras detectarse presuntas irregularidades de gravedad en la documentación vinculada a mesas de exámenes.
El procedimiento se concretó formalmente este miércoles 16 de septiembre, cerca de las 19:00 horas. Hasta el edificio escolar se trasladaron la Inspectora General de Jóvenes y Adultos, Mabel Algarbe, junto a la Supervisora de la Región 3, Eugenia Ponce, quienes notificaron de manera presencial a las autoridades apartadas y comunicaron la resolución al resto del personal del establecimiento.
Firmas adulteradas y enmiendas sin salvar en más de 70 libros de examen
El origen del conflicto se remonta a diciembre de 2025, momento en que comenzaron a encenderse las alarmas sobre el manejo de los libros de actas. Según consta en las actuaciones, la dirección del colegio habría solicitado a diversos educadores que plasmaran su firma en documentos correspondientes a evaluaciones de años anteriores. Ante esta petición, varios docentes se negaron rotundamente al percatarse de que aparecían figurando como integrantes de mesas examinadoras en las que jamás habían tomado parte.
Las revisiones preliminares revelaron un patrón alarmante: las actas exhibían caligrafías que no coincidían con la de los educadores consignados como evaluadores y carecían por completo de sus firmas de aval. Sumado a esto, las inspecciones detectaron un uso recurrente de corrector líquido para realizar enmiendas sobre las cuales se superpusieron nuevos datos, incluyendo nóminas de estudiantes y notas de aprobación que no contaban con los salvados ni las aclaraciones pertinentes que exige la normativa administrativa.
Secuestro de documentación y una investigación que sigue abierta
Frente a la contundencia de las primeras evidencias, la Supervisión de la Región 3 elevó de inmediato las actuaciones a la Inspección General en la ciudad de Córdoba. La gravedad de los hallazgos derivó en que, el 29 de diciembre de 2025, se ordenara el secuestro preventivo de toda la documentación institucional con el objetivo de custodiar las pruebas en la sede de la Inspección de Zona.
El proceso sumarial sumó un nuevo hito el 27 de febrero de 2026, cuando auditoras de Inspección General se apersonaron en el CENMA 96 para realizar una constatación presencial. Durante dicha jornada no solo se ratificaron las denuncias iniciales, sino que además salieron a la luz nuevas anomalías que terminaron por complicar la situación del equipo directivo. Hasta la fecha, son más de 70 las actas bajo estricto análisis, mientras la investigación administrativa continúa su curso para deslindar responsabilidades penales o disciplinarias según corresponda.
