Una exhaustiva investigación impulsada por la Fiscalía Federal de Villa María, con el apoyo de Gendarmería Nacional, logró desarticular una red clandestina dedicada a la elaboración, fraccionamiento y comercialización ilegal de agroquímicos en la región. Las actuaciones judiciales buscan determinar la comisión de delitos vinculados a la infracción de la Ley de Marcas, estafas y eventuales daños contra el medioambiente.
Siete allanamientos simultáneos y un laboratorio clandestino al descubierto
Los procedimientos fueron concretados por las fuerzas federales el pasado 1 de octubre, tras la solicitud de la fiscal federal María Schianni y la orden otorgada por el juez Sergio Pinto, titular del Juzgado Federal de Villa María. Las medidas se desplegaron en sedes comerciales, depósitos y domicilios particulares ubicados en Pozo del Molle, Sacanta y zonas rurales de la provincia de Córdoba.
Durante los operativos se inspeccionaron las oficinas e instalaciones de las firmas de venta de insumos agrícolas Agrocampo y Grupo Ceiba, ambas radicas en Pozo del Molle. Asimismo, el centro neurálgico de la maniobra ilegal fue localizado en un campo situado en la zona rural de Sacanta, lugar donde la red montó su infraestructura de producción y envasado.
En dicho predio campestre, las autoridades identificaron al presunto fabricante y proveedor de los insumos apócrifos. Las fuerzas de seguridad secuestraron envases reutilizados, recipientes de almacenamiento y mezcla, una impresora industrial codificadora empleada para confeccionar etiquetas falsas, además de sustancias de uso y comercialización estrictamente prohibidas. Se constató que el inmueble utilizado para la manipulación química no poseía ninguna habilitación de la autoridad provincial.
Insumos secuestrados por $110 millones y la clausura de los comercios
El material incautado durante la totalidad de los allanamientos fue valuado de manera preliminar en $110 millones. La nómina de elementos secuestrados abarca importantes volúmenes de químicos, envases y etiquetas con marcas adulteradas. Todo este material será sometido a rigurosos peritajes técnicos con el fin de certificar su autenticidad e identificar posibles niveles de peligrosidad e impacto nocivo para la salud humana, la fauna y el medio ambiente.
En forma complementaria, la justicia dispuso medidas cautelares sobre un total de 11 vehículos vinculados a la organización, previsión que busca garantizar eventuales decomisos y responder ante la reparación de los daños causados. Por su parte, el Ministerio de Bioagroindustria de la Provincia de Córdoba procedió a la clausura preventiva de los locales comerciales de Agrocampo y Grupo Ceiba para cortar de manera definitiva la cadena de distribución local.
Origen de la causa: una denuncia por falsificación de marca
La causa penal tuvo su origen tras la acción judicial iniciada por el apoderado legal de la firma Syngenta Agro S.A. La compañía multinacional alertó a las autoridades judiciales sobre la presencia en el mercado regional de insumos agrícolas adulterados que utilizaban indebidamente sus logos, marcas registradas y packaging corporativo.
