Un trascendental juicio por comercialización y tenencia de estupefacientes comenzó este jueves 22 de octubre en los tribunales locales. El debate se lleva a cabo en la sede de la Cámara del Crimen de Villa María, bajo la modalidad de tribunal unipersonal a cargo de la jueza Eve Flores. Durante la primera jornada, la atención se centró en las contundentes declaraciones de los tres imputados y en las marcadas diferencias entre el pedido de condena efectuado por la acusación pública y los argumentos de la defensa.
Piden cinco años de cárcel para los tres imputados
En el momento decisivo de los alegatos, el fiscal Francisco Márquez sostuvo una dura postura contra el trío acusado, integrado por Hugo Adrián Fernández, su pareja Giufit Natalia Iriarte y su hermana Analía Noemí Fernández. Durante su exposición, Márquez dio a conocer el contenido de una serie de mensajes de chats recuperados de los teléfonos incautados, asegurando tajantemente:
“Está claro que estos tres señores no son la voz más vulnerable del narcomenudeo”
.
A partir del análisis de las pruebas, el representante del Ministerio Público Fiscal concluyó que
“está claro que se dedican a la venta de droga los tres”
. Sobre esa base, formalizó la solicitud de penas requiriendo 5 años de prisión más multa para Analía Noemí Fernández por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Idéntica pena de 5 años de cárcel solicitó para Hugo Adrián Fernández y Giufit Natalia Iriarte por los delitos de tenencia y comercialización de estupefacientes, requiriendo además el decomiso formal de toda la sustancia secuestrada.
Confesión en la sala y un intento por desligar a su familia
Durante la ronda de declaraciones, la estrategia procesal y los testimonios brindaron giros significativos. Hugo Adrián Fernández asumió toda la responsabilidad de los hechos, admitió la venta de sustancias y justificó que tomó esa decisión tras sufrir un problema de salud que lo alejó de su empleo formal. Frente a la magistrada, puntualizó de manera categórica que su pareja no tenía participación activa en la actividad ilegal y sostuvo que el total de la droga incautada en el allanamiento era de su exclusiva propiedad.
Con sus palabras, el acusado buscó desafectar completamente del caso a su hermana, Analía Fernández, argumentando que ella solo se encontraba de visita circunstancial en el inmueble al momento del operativo concretado en 2025. En sintonía, Giufit Natalia Iriarte reconoció ante el tribunal que en la vivienda efectivamente se vendían estupefacientes, pero aclaró que jamás comercializó de forma personal, afirmación que fue respaldada por su pareja, quien ratificó que la mujer siempre se manifestó en desacuerdo con la actividad ilícita.
Cuestionamientos a las pericias y a la imputación fiscal
La defensa técnica de los acusados expuso importantes precisiones sobre la prueba material. Se trajo a colación que la causa se inició originalmente bajo la hipótesis del secuestro de 12 kilogramos de cocaína ocultos en tarros de pintura. Sin embargo, los peritajes químicos posteriores desmintieron esa escala: los recipientes contenían efectivamente pintura y solo uno de ellos albergaba sustancia, arrojando un peso real aproximado de 100 gramos de cocaína.
La médica y letrada defensora Florencia Vottero, a cargo de la asistencia de Analía Fernández, cargó duramente contra la imputación de tenencia con fines de comercialización atribuida a su clienta a raíz de un único texto telefónico. Durante su alegato, argumentó:
“Mi asistida no es consumidora, jamás lo fue y no se declaró como tal, es una madre. Esa tenencia que se le dedica es arduamente dudosa; adjudicar los fines de comercialización por un solo mensaje de su hermano me parece que extralimita la prueba, cuando estamos ante un delito catalogado muy grave, por lo que entiendo que debe estar realmente probado”
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Causa previa y pedido de condena condicional
El escenario procesal de Analía Fernández incluye un antecedente de 2020 calificado como tentativa de suministro de estupefacientes a título gratuito, tras intentar ingresar 1,7 gramos de marihuana al establecimiento penitenciario, hecho que la acusada admitió en la sala. No obstante, Vottero rechazó que esa causa previa sea utilizada para prejuzgar el operativo de 2025, remarcando ante la jueza:
“Me parece contrario al derecho que tanto en la fundamentación como en esta sala de audiencia se justifique que como estuvo una vez vinculada a causa de drogas ahora está vinculada. Necesitamos certezas; para la ley ella no tiene antecedentes penales”
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Bajo esa línea argumental, la abogada defensora subrayó que la imputada es madre de ocho hijos, se sustenta mediante la venta de indumentaria y cuenta con el testimonio de vecinos que ratificaron la ausencia de movimientos sospechosos en su vivienda particular. Por ello, solicitó la absolución o el cambio de calificación a tenencia simple por el hecho reciente, y requirió una pena de 3 años de ejecución condicional, argumentando que la escala penal mínima y la carencia de antecedentes computables habilitan dicho beneficio legal.
