Tres integrantes de una misma familia domiciliada en la vecina localidad de Villa Nueva fueron condenados por delitos vinculados al tráfico y tenencia de estupefacientes, tras un juicio oral y público desarrollado este jueves 22 de octubre en la sede de la Cámara del Crimen de los Tribunales de Villa María. Las sanciones dictadas por la Justicia local alcanzaron penas de hasta cuatro años de prisión efectiva y una condena de ejecución condicional.
Prisión efectiva para la pareja y condicional para un familiar
El debate oral se llevó a cabo bajo la modalidad de tribunal unipersonal, a cargo de la jueza Eva Flores, quien dictó sentencias diferenciadas según la responsabilidad atribuida a cada uno de los imputados. En la resolución, Adrián Fernández resultó condenado a la pena de cuatro años de prisión como autor del delito de comercialización de estupefacientes.
En tanto, su esposa, Judith Iriarte, recibió una sanción idéntica de cuatro años de prisión, en su caso tras ser hallada culpable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Ambos deberán cumplir la pena privados de su libertad de manera efectiva.
Por su parte, Analía Fernández —hermana de Adrián— recibió una condena de tres años de prisión de ejecución condicional. Esta modalidad le permitirá mantener la libertad en su domicilio, siempre que cumpla estrictamente con las reglas de conducta fijadas por el tribunal.
El debate por la calificación legal y los alegatos finales
La situación procesal de Analía Fernández experimentó un cambio clave durante la audiencia. La mujer llegó juzgada por el delito de suministro de estupefacientes a título gratuito agravado por el lugar de detención, en grado de tentativa, en concurso con la tenencia de drogas. A raíz del planteo efectuado por su abogada defensora, Florencia Vottero, la jueza accedió a modificar esta última figura legal a tenencia simple de estupefacientes, lo que posibilitó la imposición de una pena de ejecución condicional.
La resolución del tribunal se distanció de lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal durante la etapa de alegatos. El fiscal de Cámara, Francisco Márquez, había requerido una pena unificada de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo para los tres acusados, sosteniendo la acusación de tenencia con fines de comercialización para Analía Fernández, y figuras afines a la venta de drogas para la pareja imputada.
Estrategias defensivas al cierre del proceso por narcomenudeo
Frente a la acusación fiscal, los representantes técnicos de la defensa expusieron posturas contrapuestas durante la jornada. El abogado Eduardo Rodríguez, representante de Adrián Fernández, había solicitado el mínimo de cuatro años de prisión por el delito de comercialización, pedido que finalmente fue receptado por la magistrada.
Respecto a Judith Iriarte, su defensa había reclamado la absolución o, en su defecto, un cambio subsidiario en la calificación legal, pretensión que fue descartada al momento de fijar la pena efectiva. Por último, la defensora Vottero logró la pretensión de aplicar tres años de prisión condicional para Analía Fernández mediante el reencuadre del delito.
Con la lectura del veredicto impartido por la jueza Flores, la sede judicial villamariense dio por finalizado el proceso de juzgamiento contra la estructura familiar dedicada al narcomenudeo en la región.
