Las posturas expresadas por el arco opositor tras la sesión parlamentaria del 6 de noviembre de 2026 expusieron marcadas divergencias al evaluar el proyecto de Presupuesto 2027 y la Ordenanza Tarifaria enviados por el Departamento Ejecutivo Municipal de Villa María. La votación en primera lectura evidenció dos caminos bien definidos: por un lado, ediles que resolvieron dar su aval inicial para forzar la interpelación de funcionarios en el recinto; por el otro, bancadas que rechazaron en bloque la totalidad del paquete contable por considerarlo perjudicial para los vecinos.
Acompañamiento condicionado y rechazo de plano a la gestión contable
Desde el Frente Cívico, el concejal Pablo Perret aclaró que su voto afirmativo en primera instancia sobre la Tarifaria busca habilitar el debate parlamentario y exigir la presencia de los secretarios del Ejecutivo durante las comisiones. En ese sentido, fijó una postura tajante sobre el alcance de su decisión al sostener que
“este voto no es un cheque en blanco, la Tarifaria es la ordenanza que más directamente toca el bolsillo de cada familia, de cada comercio y de cada jubilado de Villa María, y no puede aprobarse a libro cerrado”
.
Una postura similar adoptó el concejal Felipe Botta, referente del bloque unipersonal Caminando Futuro (escindido de la Unión Cívica Radical y de Juntos por el Cambio), quien votó a favor en primera lectura por primera vez en su gestión. Según explicó, la decisión responde a una maniobra para desactivar la narrativa oficialista:
“No le vamos a dar el gusto al peronismo que siga usufructuando de la lógica que impera y han creado de que la oposición solo critica o no gestiona”
.
Botta remarcó que llegará a la votación definitiva
“sin ningún compromiso político previo”
para evaluar si el oficialismo acepta modificar los proyectos de ley contable.
“Hoy les abro una puerta, no les firmo un cheque en blanco. Si los errores se corrigen y las propuestas se atienden, vamos a poder hablar de otro Presupuesto y de otra Tarifaria. Si todo sigue igual, mi voto en segunda lectura va a reflejarlo”
, enfatizó el edil radical.
En la vereda opuesta se posicionó el concejal Manuel Sosa, representante del bloque Uniendo Villa María, quien rechazó de plano la Ordenanza Tarifaria y la proyección presupuestaria del municipio, así como las partidas destinadas al Ente de Desarrollo Municipal (ENDEMUR), el Instituto Municipal de Inversiones (IMI) y el Instituto Municipal de la Vivienda. Sosa fundamentó su voto negativo denunciando la falta de respuestas a sus pedidos de informes previos y aseveró que
“se nos pide votar a ciegas. Y nuestro trabajo no es confiar, es controlar”
.
Duros cuestionamientos al incremento de gastos y los rendimientos financieros
El referente de Uniendo Villa María fue tajante al calificar las proyecciones financieras del Ejecutivo para el próximo ejercicio.
“Este presupuesto es un cartón pintado. No es la contrapartida de lo que se le cobra al vecino: es la excusa para seguir cobrándole más”
, fustigó Sosa, apuntando además contra los saldos bancarios de la administración comunal. Según detalló, el Municipio acumuló 8.284 millones de pesos de intereses por colocaciones en plazos fijos hasta septiembre.
“Acá no hay equilibrio fiscal. Hay una tarifaria que aumenta para recaudar más y un presupuesto que nunca se ejecuta, que siempre queda a medias. La plata la pone el vecino para que la Municipalidad apueste a la timba financiera”
, disparó el concejal.
Por su parte, Botta puso la lupa sobre el incremento general del gasto corriente y de capital, que proyecta una partida global de 149.850 millones de pesos, lo que representa unos 39.000 millones de pesos adicionales respecto del Presupuesto 2026.
“Si el presupuesto crece y la obra baja, ¿a dónde van esos 39.000 millones?”
, cuestionó el representante de Caminando Futuro, quien exigió precisiones sobre el dinero destinado a pauta publicitaria, eventos públicos y mantenimiento de la estructura política.
El edil radical también reclamó conocer el detalle de las calles que recibirán obras de pavimentación y los indicadores previstos para el área de seguridad local, argumentando que
“gastar más no es gestionar mejor”
. En la misma línea, demandó transparentar la asignación de los fondos recaudados a través del sistema de estacionamiento medido, que deberían repartirse entre el transporte público, la Sociedad de Bomberos Voluntarios y programas de atención a la discapacidad.
“Lo que no se puede explicar no se debe aprobar”
, sentenció.
Aranceles en salud pública y subas en dependencias municipales bajo la lupa
Uno de los puntos de mayor coincidencia entre las fuerzas opositoras fue el repudio generalizado a la incorporación de aranceles en el sistema de salud municipal. El proyecto contempla cobros de 30.000 pesos por atenciones que excedan el esquema de atención primaria, 5.000 pesos por insumos descartables y 80.000 pesos en el caso de prótesis.
“No se puede reconocer que muchas familias no llegan a fin de mes y, al mismo tiempo, ponerle precio a la salud pública”
, cuestionó Botta.
Desde la bancada del Frente Cívico, Perret alertó además sobre la aplicación de retenciones correspondientes al 75% de la jubilación mínima a los residentes del Hogar de Ancianos y del Refugio San Francisco, sumado a la fijación de cuotas mensuales de 55.000 pesos para concurrir al Hospital de Día Encuentro y al Centro de Promoción del Discapacitado (CEMDI). Para el edil, la letra chica del proyecto
“dice bastante más que el anuncio”
y contempla subas fijas promedio del 35%, contrastando fuertemente con el 11,3% comunicado inicialmente por el Ejecutivo.
Propuestas contrapuestas de cara a la votación definitiva
Pensando en el debate de la segunda lectura, Perret presentó una propuesta concreta para modificar la Ordenanza Tarifaria: reducir al 5% la tasa sobre la factura del servicio eléctrico durante 2027 y eliminarla definitivamente a partir de 2028.
“Es una tasa que no guarda relación con ningún servicio y que encarece un consumo esencial para las familias, los comercios y la industria”
, fundamentó. Según sus estimaciones, la medida significaría un ahorro mensual de 3.000 pesos en 2027 y de 6.000 pesos en 2028 para una factura familiar promedio de 60.000 pesos.
“Vamos a llegar a la segunda lectura con propuestas, no solo con críticas. Lo que votemos dependerá de si el Ejecutivo viene, explica y escucha, y de si los vecinos pueden hablar y son escuchados”
, concluyó Perret, supeditando su acompañamiento final a la concurrencia de los funcionarios municipales al recinto.
Paralelamente, Botta sumó reclamos para suprimir la totalidad de los aranceles sanitarios y fijar un tope del 11,3% a los incrementos en los mínimos de las tasas municipales, mientras que Sosa insistió en la discusión de su propio proyecto de ordenanza enfocado en una rebaja impositiva generalizada.
Estrategias cruzadas y diferenciación en el tablero local
Las marcadas diferencias expuestas durante el tratamiento en primera lectura dejan al descubierto cómo los principales referentes opositores del Concejo Deliberante ensayan distintas estrategias frente a la administración local. Mientras algunos bloques optan por la negociación condicionada y la apertura de mesas de trabajo técnico, otras expresiones apuestan a la confrontación discursiva directa y la impugnación global de la gestión contable.
En este escenario, el debate por las partidas económicas y la presión impositiva para el año 2027 no solo define la relación con el Ejecutivo de Villa María, sino que opera como un visible tablero de diferenciación política e interna dentro del propio espacio opositor.
