En el marco de una tensión creciente y con la planta fabril ocupada por sus operarios para evitar el vaciamiento, la directiva de la empresa Pauny S.A. no se presentó este jueves 12 de noviembre a la audiencia conciliatoria convocada por la Delegación Las Varillas de la Secretaría de Trabajo de Córdoba. En lugar de acudir al encuentro con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la firma remitió un escrito digital en el que exigió el desalojo de las instalaciones como condición previa para presentar un plan de pagos de los salarios adeudados —con plazo extendido hasta el 31 de diciembre de 2026— y la apertura de un programa de 150 retiros voluntarios.
Indignación gremial tras el pegado de faltazo en la Secretaría de Trabajo
La inasistencia de la patronal generó un profundo malestar en la representación sindical, que esperaba encauzar la negociación en la sede laboral. La postura corporativa fue leída como un gesto de confrontación directa en medio de la severa crisis que atraviesa la planta ubicada a 175 kilómetros de la capital provincial.
“La empresa ni siquiera se presentó a la audiencia, es una provocación y una humillación hacia los trabajadores que genera una impotencia muy grande”, sostuvo el secretario de la UOM Seccional San Francisco, Lucas Sarmiento, al salir del recinto. El dirigente gremial tildó la conducta directiva de “sumamente ofensiva” e “indigna”, remarcando que las autoridades ministeriales confiaban en la presencia de la patronal. “Si bien no había ningún tipo de indicios de que hoy viniéramos a llevarnos buenas noticias, que no se presenten es una vergüenza”, remató.
La postura directiva: exigencia de desalojo y recortes de personal
Mediante un documento con la firma del presidente de Pauny S.A., Raúl Enrique Giai Levra, y del vicepresidente, José María López, la compañía justificó su ausencia alegando la intención de “contribuir a preservar la paz social y evitar una mayor profundización del conflicto”. En el texto, los ejecutivos congelaron cualquier canal formal de diálogo mientras persista la medida de fuerza, argumentando que la toma impide operar “en condiciones mínimas de normalidad”.
Paralelamente, la conducción fabril condicionó el levantamiento de la toma a la aplicación de un esquema de reestructuración. De efectivizarse la desocupación, la empresa promete saldar la totalidad de los haberes adeudados antes del 31 de diciembre de 2026 e implementar un programa de hasta 150 retiros voluntarios sobre una nómina cercana a los 450 empleados. La propuesta contempla una indemnización del 100% conforme al artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, abonada en 12 cuotas mensuales.
Sueldos impagos y la amenaza de denuncias penales
La situación de la masa laboral es dramática. Cerca de 450 operarios acumulan dos meses sin cobrar sus haberes, en un proceso de erosión que lleva más de un año y medio con pagos fuera de término, interrupción de servicios de obra social y mora en los aportes previsionales. Frente a esto, Sarmiento confirmó que se concretarán asambleas informativas y se impulsarán acciones contundentes contra los propietarios.
“Vamos a seguir insistiendo, vamos a hacer denuncias penales hacia los dueños. Si la empresa no se presenta, que los busquen con la Policía. Los trabajadores queremos una solución, no queremos más conflicto, pero tampoco queremos más manoseo.”
El dirigente enfatizó el impacto social de la parálisis, advirtiendo que las familias enfrentan intimaciones de desalojo y severas dificultades asistenciales. En ese sentido, rechazaron que se culpe a los obreros por el freno productivo y confirmaron que gestionan ayuda directa ante el Gobierno de la Provincia de Córdoba, al tiempo que la Secretaría de Trabajo fijó una nueva audiencia para el lunes 16 de noviembre a las 11:30 en la sede central de Córdoba capital.
Apertura comercial e importaciones: las causas detrás de la parálisis
El conflicto que sacude a Las Varillas refleja el duro impacto de la coyuntura macroeconómica en la industria metalmecánica nacional. Pauny, considerada la principal fábrica de tractores del país, atribuyó su ahogo financiero a una desplome estructural de las ventas derivado de la retracción del mercado agrícola.
A este panorama se suma el viraje en la política de comercio exterior impulsada por el Gobierno Nacional. El flujo liberado para el ingreso de maquinaria agrícola importada —principalmente tractores de origen chino y de otros mercados competidores que ingresan a valores sustancialmente menores que los costos de fabricación local— dejó a la firma en una situación de desventaja operativa, derivando en el plan de achique que hoy mantiene paralizada a la planta varillense.
