Gremios estatales de Córdoba exigen la rebaja prometida en la Caja de Jubilaciones

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Los gremios del sector público de la provincia de Córdoba se declararon en estado de alerta y ratificaron el reclamo formal ante la falta de concreción en la baja de los aportes extraordinarios destinados a la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal Provincial. Las organizaciones que representan a empleados municipales, agentes públicos, docentes, judiciales y trabajadores del Sindicato Regional de Luz y Fuerza (SiReLyF), entre otros frentes sindicales, emitieron un documento unificado donde advierten que profundizarán las medidas de fuerza de forma conjunta durante el mes de noviembre si no se formaliza el beneficio salarial.

Rechazo a los plazos vencidos y al sostenimiento de la Ley 11.087

El núcleo de la protesta radica en el incumplimiento de la promesa efectuada por el Poder Ejecutivo Provincial para disminuir del 8% al 6% la alícuota de los aportes extraordinarios fijados por la Ley 11.087, normativa a la que la cúpula sindical define como una «ley de inequidad jubilatoria». Según sostienen las entidades de los trabajadores, la aplicación del descuento en el porcentaje diferencial debía cobrar vigencia a partir del mes de septiembre, pero hasta el momento el esquema no se ha materializado ni existen notificaciones sobre un cronograma cierto.

«Este compromiso era el mínimo de un cúmulo de planteos sostenidos por el conjunto de gremios aportantes en torno a un rechazo y pedido de derogación plena de toda la Ley 11.087. Transcurridos los meses, continúa sin efectivizarse y sin que se haya comunicado una fecha cierta para su implementación», manifestaron a través de la presentación colectiva.

Desde la perspectiva sindical, la falta de respuesta oficial no solo lesiona los haberes frente al contexto inflacionario, sino que desconoce las decisiones emitidas por el propio Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ). En fallos recientes, el máximo órgano judicial de la provincia marcó la pauta de reducir progresivamente la alícuota sobre los sueldos del personal estatal, fijando un tope inicial de desacople de dos puntos porcentuales que el Gobierno aún no ha volcado a las planillas de liquidación.

El trasfondo presupuestario y las diferencias de trato fiscal

El malestar de los gremios públicos se acentuó tras analizar los lineamientos de la previsión económica del Estado cordobés, señalando que existen asimetrías marcadas en la asignación de recursos y exenciones tributarias respecto a la masa laboral del sector público.

«En el marco de la presentación del presupuesto 2027, se anuncian rebajas impositivas y beneficios fiscales para algunos sectores, pero el ajuste sobre jubilados y estatales continúa. No estamos reclamando una concesión del Gobierno: exigimos el cumplimiento de compromisos asumidos y de decisiones judiciales que deben ser respetadas», fundamenta el documento.

Bajo este escenario, las representaciones del sector laboral ratificaron que no permitirán que el esquema de aportes elevados se dilate en el tiempo de forma indefinida, ni tampoco que el peso del desequilibrio previsional recaiga exclusivamente sobre los sueldos en actividad y los haberes de la clase pasiva provincial.

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