La provincia adapta su sistema judicial a la normativa nacional que reemplaza el esquema vigente desde 1980. El nuevo régimen prioriza las medidas socioeducativas y limita la privación de la libertad como último recurso.
La Fiscalía Penal Juvenil actuó tras una serie de mensajes intimidatorios que alertaron sobre supuestos tiroteos. Al menos nueve instituciones educativas de la provincia activaron sus protocolos de seguridad.
