Profesionales de la salud de PAMI concluyeron este miércoles una medida de fuerza de tres días, manifestando su descontento ante las políticas de ajuste implementadas por la administración central que impactan en los servicios a afiliados.
Carlos Galoppo, Defensor del Pueblo Adjunto de Córdoba, ha demandado la inmediata dimisión de la cúpula del PAMI, denunciando una "clara indiferencia" ante el sufrimiento de jubilados y pensionados que carecen de medicamentos y tratamientos esenciales.
La senadora nacional Alejandra Vigo, representante de Provincias Unidas, ha elevado un pedido de informes al Poder Ejecutivo ante la alarmante interrupción de servicios médicos para afiliados de PAMI en Córdoba, producto de la falta de pago a prestadores. La legisladora exige una pronta solución para normalizar la atención y garantizar el derecho a la salud de los adultos mayores.
El PAMI adeuda entre 10 y 12 mil millones de pesos a las farmacias de la provincia de Córdoba, una cifra que se suma a una deuda nacional de hasta 700 mil millones con diversos prestadores de salud, impactando directamente en la atención de los jubilados.
El legislador provincial Dante Rossi (UCR) presentó un proyecto de declaración en la Unicameral solicitando la dimisión del responsable del PAMI Córdoba, denunciando una gestión que califica de 'cruel e insensible' con los jubilados y alertando sobre un 'colapso' inminente de la obra social.
Los profesionales de cabecera del PAMI iniciaron una medida de fuerza de tres días, extendiéndose hasta el 15 de abril, en protesta contra un nuevo esquema de retribuciones. La atención se verá afectada, salvo urgencias, con una adhesión significativa en la provincia de Córdoba.
La Asociación de Profesionales de Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA), con el respaldo de AMRA, convoca a una medida de fuerza nacional de 72 horas para los médicos de cabecera de PAMI, en protesta por la insuficiente cápita mensual de $2.100 por afiliado.
Más de medio centenar de intendentes cordobeses han elevado un contundente reclamo al Gobierno nacional por la falta de pago de fondos de salud, una deuda que asciende a 8.800 millones de pesos y pone en riesgo la atención sanitaria local.
