Un alarmante informe del reconocido productor y dirigente Néstor Roulet ha puesto en el ojo de la tormenta la presión fiscal sobre el campo argentino, revelando que un impactante 83% de lo que genera una hectárea agrícola se destina directamente al pago de impuestos. Este cálculo subraya la desproporcionada injerencia estatal en la rentabilidad de una de las principales actividades económicas del país, planteando serios interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo productivo.
El estudio, presentado por Roulet, quien es una voz autorizada y respetada en el sector agropecuario, desglosa cómo la mayor parte de los ingresos brutos de una hectárea cultivada, específicamente de soja, termina en las arcas del Estado. Según sus proyecciones, esta vasta porción se distribuye principalmente entre las arcas nacionales, aunque las provincias también perciben una parte significativa de esta recaudación impositiva. La cifra del 83% representa una carga fiscal que, para muchos productores, resulta insostenible y desalentadora, afectando directamente su capacidad de inversión y crecimiento.
El informe de Roulet no solo cuantifica la carga, sino que también resuena con una cruda realidad expresada a menudo en el sector: “El que reparte se queda con la mejor parte”. Esta frase, que acompaña el análisis, encapsula el sentimiento de muchos agricultores que ven cómo la rentabilidad de su esfuerzo y capital se diluye significativamente en contribuciones obligatorias. Néstor Roulet, en su análisis, «calcula que el 83% de lo que genera una hectárea agrícola se va en impuestos que quedan en manos principalmente de la Nación, pero también de las provincias», dejando un margen operativo extremadamente reducido para el propio productor y para la reinversión en la actividad.
Este escenario fiscal tiene profundas implicaciones para la economía regional y nacional. En localidades como Villamaría, donde la actividad agrícola, y en particular el cultivo de soja, es un pilar fundamental, una carga impositiva de esta magnitud afecta directamente la capacidad de inversión, la generación de empleo y el desarrollo tecnológico del sector. La alta presión fiscal puede desincentivar la producción, reducir la competitividad de los productos argentinos en mercados internacionales y limitar la capacidad de los productores para enfrentar contingencias climáticas o fluctuaciones de precios, poniendo en jaque la sostenibilidad a largo plazo de la cadena agroindustrial y el bienestar de las comunidades rurales.
