Intendentes de Córdoba Exigen a Nación Pago Urgente de Deudas PAMI y Plan SUMAR por $8.800 Millones

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Más de medio centenar de intendentes cordobeses han elevado un contundente reclamo al Gobierno nacional por la falta de pago de fondos de salud, una deuda que asciende a 8.800 millones de pesos y pone en riesgo la atención sanitaria local.

Un frente común de más de 50 intendentes e intendentas de la provincia de Córdoba ha puesto en alerta al Gobierno nacional, exigiendo el inmediato pago de una deuda millonaria correspondiente a prestaciones del PAMI y fondos del Plan SUMAR. La situación, dada a conocer públicamente, revela una preocupación creciente en los municipios por la sostenibilidad de los servicios de salud esenciales.

La deuda acumulada, según el reclamo unificado de los jefes comunales, alcanza la alarmante cifra de 8.800 millones de pesos. Este monto se desglosa entre las obligaciones pendientes del Plan SUMAR, un programa clave para la cobertura de salud de la población vulnerable, y diversas prestaciones que el PAMI, la obra social de los jubilados y pensionados, debe a los sistemas de salud municipales. La falta de estos recursos impacta directamente en la capacidad de las administraciones locales para garantizar la calidad y continuidad de la atención sanitaria a sus ciudadanos, especialmente a los afiliados a dichas obras sociales.

“Estos recursos son indispensables para sostener la atención sanitaria básica en nuestros municipios y la falta de pago pone en jaque la salud de nuestros vecinos”, advirtieron los intendentes en su comunicado público, subrayando la criticidad de la situación.

El contexto de este enérgico reclamo se enmarca en la crítica situación económica que atraviesan muchos municipios, donde los fondos destinados a salud son a menudo el pilar fundamental para el funcionamiento de centros de atención primaria, guardias y programas de prevención. La dependencia de estos aportes nacionales hace que su interrupción o retraso genere un desfinanciamiento que las arcas municipales, ya ajustadas, no pueden absorber, afectando directamente la operatividad de los servicios esenciales para la comunidad y la capacidad de respuesta ante las necesidades sanitarias de la población.

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