Paro inminente en la atención médica de PAMI: profesionales de todo el país han anunciado una medida de fuerza de 72 horas que impactará directamente en los servicios de los afiliados. La decisión, impulsada por la Asociación de Profesionales de Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA) y con el firme respaldo de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), surge como una respuesta contundente al rechazo categórico de la cápita mensual fijada en $2.100 por cada afiliado.
La convocatoria a este paro nacional, que afectará a los médicos de cabecera de PAMI en todo el territorio argentino, se produce tras un período de negociaciones y evaluaciones sobre las condiciones de remuneración. Las entidades gremiales consideran que el monto propuesto es insuficiente para garantizar una atención de calidad y sostener la estructura de costos que implica el servicio médico integral para los millones de afiliados de la obra social de jubilados y pensionados.
Desde las organizaciones que nuclean a los profesionales, la postura es clara y unívoca: «La decisión de convocar a un paro nacional por 72 horas se basa en nuestro rotundo rechazo a que se fijara en $2.100 mensuales la cápita por afiliado». Esta declaración subraya la necesidad de una revisión urgente de los valores para asegurar la viabilidad y dignidad de la práctica médica, así como la calidad de la atención que merecen los beneficiarios. La medida de fuerza busca visibilizar la creciente preocupación del sector por la precarización de las condiciones laborales y el impacto en la salud pública.
El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) es la obra social más grande de Argentina, brindando cobertura de salud y prestaciones sociales a una vasta población de jubilados y pensionados. Los médicos de cabecera son el primer punto de contacto para los afiliados, encargados de la atención primaria, la prevención de enfermedades, la gestión de tratamientos y la derivación a especialistas. Una interrupción de sus servicios por 72 horas a nivel nacional podría generar una significativa afectación en la atención de rutina, la renovación de recetas y la gestión de urgencias menores, impactando directamente en la salud y el bienestar de una población que, por su edad, suele ser más vulnerable y dependiente de estos servicios.
