La actividad en los tribunales de la provincia de Córdoba enfrenta un escenario de parálisis total. Tras el fracaso de la conciliación voluntaria acordada antes del receso invernal, este miércoles inicia un paro de 60 horas impulsado por el gremio de empleados judiciales. La medida, calificada como inédita por su extensión, encendió las alarmas en el sector profesional y generó un fuerte pronunciamiento por parte de las autoridades del Colegio de Abogados de Villa María, quienes reclamaron una solución definitiva entre el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el Poder Ejecutivo provincial.
«La ciudadanía es rehén de una paralización que no puede continuar»
La postura del foro de abogados local frente a la parálisis del servicio de justicia es de extrema preocupación. En una ronda de prensa, la presidenta del Colegio de Abogados de Villa María, Itatí Demarchi, fijó la posición institucional y advirtió sobre el impacto social de la medida de fuerza.
«La gente no recurre a tribunales por gusto, recurre porque es el último recurso. Si a la falta de credibilidad de la justicia se le suma una paralización, eso transforma a la ciudadanía en rehén. Los actores sociales que intervienen en esto deben entender que no son titulares de un comercio; tienen la responsabilidad de administrar un servicio de justicia», expresó Demarchi.
Asimismo, la presidenta de la entidad enfatizó el rol de los colegios profesionales en la defensa de los derechos de los vecinos de la ciudad y la región, señalando el desamparo que sufren los ciudadanos ante la falta de respuestas en las dependencias judiciales:
«La gente no sabe adónde ir, pero la gente somos nosotros; es el abogado de confianza que eligió para representarla. Por eso pedimos un acuerdo definitivo que venga del máximo órgano de justicia y del Poder Ejecutivo».
Tensión en las fiscalías locales y la búsqueda de credibilidad
Durante su intervención, Demarchi no esquivó la compleja coyuntura que atraviesa la sede judicial de Villa María, la cual se ha visto golpeada en el último tiempo por diversas controversias en el fuero penal. La letrada solicitó un esfuerzo conjunto para pacificar el clima institucional en los tribunales locales.
«Villa María se encontró en una situación muy especial respecto a una de las áreas más sensibles: las fiscalías de instrucción. Pedimos la pacificación de los conflictos y que la abogacía no quede al frente de un problema que no le es propio. Exhortamos a los titulares del Ministerio Público Fiscal a que actúen para que no existan más situaciones de escándalo que manchen la credibilidad de la justicia», reclamó.
Un duro cuestionamiento al decreto de indemnizaciones de Milei
Al ser consultada sobre la actualidad laboral y previsional del país, la titular del Colegio de Abogados de Villa María brindó una sólida postura jurídica respecto al reciente decreto del presidente Javier Milei, el cual modifica el cálculo de la base indemnizatoria por despidos.
«Desde mi punto de vista, el decreto es manifiestamente inconstitucional, tanto por la forma —al ser dictado por DNU y no debatido en el Congreso— como por el fondo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallos como ‘Pérez c/ Disco’, ya dejó sentado de manera clara que todos los conceptos que integran la remuneración (horas extras, bonos, incentivos) deben incluirse en la indemnización. Reducirlo al sueldo de convenio vulnera derechos adquiridos», argumentó la abogada.
La modalidad del paro de 60 horas en los tribunales
Por su parte, el referente del gremio de Judiciales, Rafael Rodríguez, confirmó el cronograma y la modalidad de las protestas que se llevarán a cabo tanto a nivel provincial como en los tribunales locales de Villa María. El plan de lucha contempla un cese de actividades progresivo que afectará la atención durante toda la segunda mitad de la semana:
- Asamblea ruidosa: Miércoles a partir de las 11:00 hs.
- Retiro y abandono de tareas: Miércoles a partir de las 12:00 hs.
- Paro de actividades: Extensión por 60 horas (mediodía del miércoles, jueves y viernes completos).
Rodríguez fundamentó la dureza de la medida en el desgaste de una paritaria que no ofrece respuestas satisfactorias a las bases y en un reclamo histórico que la provincia mantiene sin resolución desde hace más de una década.
«Es la primera vez que realizamos un paro de 60 horas. La patronal no nos ha hecho ningún ofrecimiento más allá del 3% que nos dieron pre-feria, lo cual no es satisfactorio. Llevamos más de 20 paros en el año por un reclamo de equiparación con la Justicia Federal que arrastramos desde 2013, y solo recibimos silencio», detalló el dirigente gremial.
Finalmente, Rodríguez también cuestionó con dureza los intentos del Poder Ejecutivo provincial de cubrir puestos de atención en las Unidades Judiciales mediante la incorporación de becarios universitarios, calificándolo como «un agravio y una violación al propio estatuto, que exige ingresar por concurso de oposición y antecedentes».
