La crisis económica se ha instalado de manera cruda y directa en la mesa de los cordobeses. Según el Informe Económico y Social correspondiente a julio de 2026, elaborado por el Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), nueve de cada diez cordobeses debieron financiar la compra de alimentos en el último mes. El relevamiento arroja una cifra alarmante: solo el 9,5% de la población de la provincia pudo adquirir sus provisiones diarias sin necesidad de recurrir al endeudamiento.
Las estrategias de supervivencia en el comercio de cercanía
El trabajo de campo detalla que el 88,5% de los hogares manifestó haber tenido que financiar la adquisición de comida durante los últimos 30 días para asegurar la subsistencia del grupo familiar. A la hora de analizar los métodos utilizados para estirar los ingresos, el histórico «fiado» en los almacenes de barrio vuelve a ser protagonista: un 39,3% de los encuestados debió recurrir a esta modalidad en comercios cercanos.
Por su parte, el 37,9% de las familias utilizó la tarjeta de crédito para la compra de víveres, mientras que un 11,3% tuvo que solicitar dinero prestado a terceros para el mismo fin. Desde el IETSE advierten que, al contrario del planteamiento optimista que suele sostener el gobierno nacional,
«el dato evidencia una dinámica de endeudamiento para la supervivencia cotidiana, en la cual el crédito y el fiado dejan de funcionar exclusivamente como instrumentos para financiar consumos extraordinarios y se utilizan para cubrir necesidades básicas»
.
Fragilidad financiera y nula capacidad de ahorro en los hogares
La investigación también pone bajo la lupa la extrema vulnerabilidad financiera en la que se encuentran sumergidas las familias de la provincia. El 27% de los consultados admitió haber pedido dinero prestado en el último mes para poder cubrir sus gastos corrientes. Al desglosar el destino de esos préstamos, la comida lidera con el 24,8%, seguida por el pago de otras deudas acumuladas (19,3%), necesidades diversas (18,7%), el pago del alquiler (16,6%) y las facturas de servicios públicos (8,6%). En menor medida, el endeudamiento se destinó a medicamentos (7,5%), transporte (2,8%) y educación (1,7%).
Otro indicador crítico que introduce el informe es la denominada «capacidad de resistencia» de los hogares ante una eventual pérdida de sus ingresos habituales. Los resultados son contundentes: el 58% de las familias cordobesas apenas podría sostener sus gastos durante menos de una semana si se quedara sin su fuente de sustento. Un 34% resistiría entre una semana y un mes, el 5% lo haría entre uno y tres meses, y solo un minoritario 3% cuenta con espaldas financieras para superar los tres meses de contingencia.
El impacto de la inflación y el costo de no ser pobre
Esta situación de asfixia económica se da en un contexto donde la inflación medida por el IETSE para el mes de julio de 2026 se ubicó en el 2,05%. Aunque la cifra nominal parece moderada, los analistas de la institución advierten que el indicador muestra
«una pérdida de la inercia desinflacionaria observada durante los meses precedentes»
. Con este registro, la inflación acumulada en los primeros siete meses del año llegó al 19,3%, mientras que la variación interanual trepó al 33,8%. Para el cierre del año, el organismo proyecta una inflación anual estimada del 31,5%.
La presión sobre los sectores más vulnerables se hace aún más evidente al observar el costo de las canastas. En julio, una familia tipo en Córdoba necesitó percibir ingresos por $1.997.833 para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y evitar caer bajo la línea de pobreza. En tanto, el límite de la indigencia quedó marcado en $1.090.624, valor requerido para acceder a la Canasta Básica Alimentaria (CBA), la cual acumula una suba del 20,6% en lo que va del año y un 37,3% de incremento interanual.
Platos vacíos: se reduce la cantidad y calidad de las porciones
La consecuencia directa del encarecimiento de la vida es el deterioro nutricional. El informe revela que el 76,1% de los hogares percibe que su alimentación empeoró en comparación con el año pasado (el 32,6% afirma que es «mucho peor» y el 43,5% que es «peor»). Solo un escaso 5,8% considera que su situación alimentaria ha mejorado.
La crisis golpea con especial dureza a los menores de edad. El 38,3% de los encuestados confesó que en su hogar algún adulto tuvo que reducir voluntariamente su porción de comida para que alcanzara para el resto de la familia. Aún más grave resulta que, en el 27,8% de los hogares donde residen niños, niñas o adolescentes, los propios menores tuvieron que recortar la cantidad de alimentos consumidos debido a la falta de dinero. Como correlato de esta situación, los comercios de proximidad dedicados a la venta de alimentos sufrieron una caída del 8,3% en sus ventas físicas en comparación con julio del año anterior.
