A finales de 2012, en una vivienda precaria de Villa Nueva, Paola Verónica Ortiz enfrentaba en soledad absoluta un trance biológico límite y devastador: un parto domiciliario abrupto y expulsivo, lo que la medicina obstétrica describe como un “parto en avalancha”. Con tres hijos pequeños a su cargo, un historial de violencia doméstica a cuestas y subsistiendo bajo el techo de su exsuegro tras haberse separado de su esposo, el contexto de extrema desprotección y disimulo corporal derivó en una tragedia: la beba que gestaba falleció. Días después, el cuerpo sin vida de la criatura fue hallado en el parque Hipólito Yrigoyen, envuelto en una bolsa.
Una condena sin matices y el peso de la prisión perpetua
La respuesta del sistema judicial de la época fue sumaria y desprovista de cualquier sensibilidad social. En 2015, la Cámara del Crimen de Villa María, integrada por jueces técnicos y jurados populares, declaró a Paola culpable de homicidio calificado por el vínculo. El tribunal de primera instancia concluyó de forma lineal que la mujer había dejado morir deliberadamente a su hija recién nacida, imponiéndole la pena máxima de prisión perpetua.
Aquel severo castigo recayó directamente sobre el resultado visible del hecho, omitiendo interrogar las circunstancias extremas que lo rodearon y la profunda soledad de una mujer sometida a una situación de violencia estructural. Durante años, el veredicto permaneció firme, invisibilizando el desamparo estatal y de salud que atravesaba la acusada.
La movilización social que rompió una década de silencio
El impacto de su historia y la búsqueda de una verdadera equidad comenzó a expandirse con fuerza cuando el encierro de Paola ya llevaba una década cumplida. Colectivos sociales y de derechos humanos locales, entre ellos la organización Verdad y Justicia junto a la Guardia Feminista de Abogadas de Católicas por el Derecho a Decidir, decidieron llevar el reclamo a las calles de Villa María y formalizar la batalla legal ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.
La causa no era solo el pedido de libertad para una vecina; era la interpelación directa a un sistema punitivo que juzgó una emergencia obstétrica trágica a través de prejuicios y mandatos rígidos de maternidad, sin aplicar perspectiva de género ni advertir la intersección entre pobreza, violencia de género y desamparo estatal.
La insistencia de las organizaciones civiles permitió la presentación de un recurso de revisión clave. Este nuevo planteamiento incorporó pericias médicas inéditas que expusieron que la muerte de la recién nacida pudo responder a un desenlace accidental propio de la precipitación del parto, una prueba científica crucial que jamás había sido valorada en el debate oral del año 2015.
El histórico fallo del Tribunal Superior y la conquista de la libertad
Tras más de trece años tras las rejas, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba admitió la falta de perspectiva de género de las resoluciones previas en el caso. El máximo tribunal provincial reconoció la existencia de circunstancias extraordinarias de atenuación y resolvió reducir la condena original a un término de 13 años, 9 meses y 26 días.
Al haber purgado con creces ese tiempo en prisión, la Justicia ordenó su inmediata libertad. Con esta resolución, el caso de Paola Ortiz sienta un precedente conmovedor y fundamental para la región, transformando un veredicto inflexible en un acto de justicia que, aunque tardío, aceptó mirar el sufrimiento humano y la vulnerabilidad detrás de la condena.
