Una profunda preocupación y un estado de indignación generalizado sacuden nuevamente a la comunidad del barrio Evita. A través de una manifestación pública en sus redes sociales, Julieta Moreno, vecina del sector, visibilizó la dramática situación que padece junto a sus familias linderas desde hace más de una década a causa de los comportamientos reiterados de un residente identificado como Gerardo Caballero, de 45 años.
Según detalló la denunciante, el conflicto acumula cerca de 15 años sin una solución de fondo. Durante este tiempo, los damnificados han recurrido a múltiples exposiciones policiales, denuncias en el fuero judicial, recolección de firmas y protestas en la vía pública para exigir garantías de seguridad en la zona.
Acoso diario, agresiones y episodios que involucran a menores
El testimonio de la residente expuso el nivel de vulnerabilidad e inseguridad con el que conviven las familias del sector a diario. La joven aseguró que la comunidad cuenta con registros en video que respaldan sus afirmaciones sobre el accionar del acusado.
“Estoy cansada. Estoy indignada. Estoy cansada de tener que vivir con miedo, de sentirme observada, acosada y de no poder estar tranquila en mi propia casa”, expresó Moreno con impotencia frente al panorama que atraviesan.
Entre los hechos puntuales denunciados por el vecindario se incluyen actos de hostigamiento constante, comportamientos obscenos en la vía pública, escupitajos hacia las fachadas de las viviendas y daños materiales contra vehículos estacionados. Asimismo, las familias manifestaron un incremento en la alarma comunitaria debido a episodios e interacciones inapropiadas que el hombre habría protagonizado frente a niños y niñas del sector.
El debate entre la salud mental y la protección comunitaria
Respecto de las causas detrás de estas conductas, la propia denunciante reconoció que el hombre padece afecciones ligadas a la salud mental y que ha sido sometido a diversos tratamientos e internaciones a lo largo de los años. No obstante, cuestionó la efectividad de las intervenciones oficiales temporales que se han realizado hasta el momento.
“Sabemos que existen cuestiones relacionadas con su salud mental y que ha atravesado tratamientos e internaciones. Pero eso no significa que los vecinos tengamos que quedar desprotegidos. También tenemos derechos: a vivir tranquilos, a cuidar a nuestros hijos y a sentirnos seguros dentro de nuestras propias casas”, enfatizó la vecina.
En este sentido, los damnificados remarcaron la urgente necesidad de que los organismos estatales y las autoridades competentes adopten un abordaje integral. La solicitud apunta a garantizar un esquema de contención adecuado para la salud del individuo que, al mismo tiempo, no deje desamparada a la comunidad circundante.
Un reclamo a las autoridades para evitar un desenlace mayor
En su descargo público, Moreno estableció un paralelo con hechos de gravedad ocurridos en la ciudad, mencionando como antecedente el matricidio registrado en octubre de 2025 en Villa María. Al respecto, advirtió sobre las consecuencias desastrosas de actuar de forma tardía cuando existen alertas reiteradas por parte de los ciudadanos.
“¿Vamos a esperar a que suceda algo irreparable para tomar medidas? No quiero que mañana tengamos que lamentar una tragedia”, alertó la residente del barrio Evita.
Finalmente, la joven remarcó que la difusión de la problemática no busca promover reacciones de odio ni incitar a la justicia por mano propia. Por el contrario, la comunidad persigue la visibilización pública del caso para que las autoridades judiciales y gubernamentales brinden una respuesta institucional y definitiva antes de que el conflicto escala a instancias irreparables.
