El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ha manifestado su profunda preocupación y se ha sumado de manera contundente a las críticas que pesan sobre la reciente decisión del Gobierno Nacional de modificar el esquema de vacunación antiaftosa, permitiendo que esta tarea sea llevada a cabo por veterinarios privados y abandonando el sistema históricamente gestionado por entes y fundaciones.
La administración bonaerense ha sido enfática al señalar que esta medida representa un ‘riesgo inminente para la seguridad sanitaria’ de la producción ganadera del país. Esta postura se alinea con denuncias previas de diversos sectores que han calificado la gestión de la política agropecuaria nacional como ‘irresponsable’ y ‘con anteojeras ideológicas’.
En el centro de la controversia se encuentra la figura de Federico Sturzenegger, a quien voces críticas han señalado directamente. En este contexto, se ha escuchado en diversos ámbitos la contundente afirmación de que “Sturzenegger está actuando con anteojeras ideológicas y de manera irresponsable”, una crítica que resuena con la preocupación expresada por el Gobierno de Buenos Aires respecto a las implicaciones de esta decisión.
La decisión de la Nación implica un giro drástico en la metodología de control y prevención de la fiebre aftosa, una enfermedad que, de no ser controlada eficazmente, podría tener consecuencias devastadoras para la economía ganadera argentina y sus exportaciones. Tradicionalmente, la vacunación antiaftosa ha sido gestionada a través de un esquema coordinado por entes y fundaciones con amplia experiencia en la materia, lo que garantizaba una cobertura y trazabilidad estandarizadas. El cambio hacia un modelo de veterinarios privados, si bien podría buscar una mayor eficiencia o desregulación, genera inquietud sobre la uniformidad de los protocolos y la capacidad de respuesta ante posibles brotes.
Este escenario plantea un debate crucial sobre el rol del Estado en la garantía de la sanidad animal, un pilar fundamental para el comercio internacional de carnes argentinas. El Gobierno de Buenos Aires enfatiza que la seguridad sanitaria no es solo una cuestión de producción, sino también de reputación y acceso a mercados globales, y que cualquier falencia en este sistema podría tener repercusiones a largo plazo para toda la cadena de valor cárnica del país.
