El Gobierno nacional ha presentado una apelación contra la medida cautelar dictada por el juez federal de Córdoba, Hugo Vaca Narvaja. Dicha resolución judicial ordenaba a PAMI e Incluir Salud regularizar, en un plazo perentorio de 72 horas, las deudas pendientes con los prestadores de servicios para personas con discapacidad.
La decisión del magistrado cordobés había generado expectativas entre los afectados, quienes aguardaban una pronta solución a la crítica situación financiera que enfrentan debido a los retrasos en los pagos por parte de los organismos estatales.
La Apelación del Gobierno y su Efecto Legal
Pese a la apelación interpuesta por el Ejecutivo, el juez Vaca Narvaja concedió el recurso con “efecto devolutivo”. Esta condición legal implica que, si bien la apelación avanza para su revisión en una instancia superior, la medida cautelar original no pierde su fuerza ejecutoria y continúa plenamente vigente. Es decir, la orden de regularizar los pagos en 72 horas sigue siendo de cumplimiento obligatorio mientras el proceso de apelación transcurre.
«El Gobierno nacional apeló la medida cautelar dictada por el juez federal de Córdoba Hugo Vaca Narvaja, que ordenó regularizar en un plazo de 72 horas las deudas pendientes con prestadores de servicios para personas con discapacidad de PAMI e Incluir Salud. El magistrado concedió la apelación con efecto devolutivo, por lo que la cautelar […]»
Deudas Críticas con Prestadores de Discapacidad
La medida cautelar del juez Vaca Narvaja responde a un reclamo generalizado de prestadores de servicios de discapacidad, quienes han denunciado reiterados incumplimientos y demoras en los pagos por parte de PAMI (Programa de Atención Médica Integral, obra social de jubilados y pensionados) e Incluir Salud (programa de cobertura de salud para personas con discapacidad sin otra obra social).
Estos retrasos ponen en riesgo la continuidad de servicios esenciales, como terapias, acompañamientos, transporte y educación especial, afectando directamente la calidad de vida y los derechos de miles de personas con discapacidad en todo el país.
Un Conflicto de Larga Data con Impacto Nacional
El conflicto por las deudas y la falta de actualización de aranceles a los prestadores de servicios de discapacidad no es un hecho aislado, sino que forma parte de una problemática estructural que ha escalado en los últimos años. Organizaciones que nuclean a estos prestadores han manifestado en diversas ocasiones la insostenible situación económica que atraviesan, la cual les impide sostener sus equipos de profesionales y garantizar la atención adecuada.
La intervención judicial en Córdoba subraya la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta urgente y efectiva por parte del Estado para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, tal como lo establecen las leyes nacionales e internacionales.
