El debate por las políticas de salud pública y bienestar animal sumó un nuevo capítulo de tensión en Villa María. El Movimiento Autoconvocado por la Problemática Animal expresó un enérgico rechazo al proyecto de ordenanza presentado por el Ejecutivo municipal ante el Concejo Deliberante. Desde la organización de la sociedad civil sostienen con firmeza que la iniciativa oficial oficialista “no responde al reclamo ciudadano” y desatiende una demanda histórica de la comunidad.
La principal crítica de los proteccionistas radica en que el texto propuesto por la gestión local deja de lado el objetivo central de controlar la sobrepoblación de perros y gatos en las calles mediante un programa de castraciones masivas y sistemáticas. Según explicaron a través de un documento de análisis, el proyecto gubernamental carece de las herramientas técnicas necesarias para solucionar la problemática de fondo.
Falta de metas de castración y ausencia de un plan educativo
Tras un exhaustivo análisis técnico de la propuesta que ahora se encuentra en manos de los concejales, el colectivo proteccionista aseguró que el proyecto del Ejecutivo ignora los planteos y diagnósticos que las agrupaciones vienen presentando formalmente desde hace tres años. La mayor preocupación es la falta de rigurosidad metodológica para abordar la reproducción descontrolada de animales de compañía.
Desde el movimiento advirtieron que la norma impulsada por el municipio no establece una política efectiva ni fija metas concretas de castración. Tampoco determina indicadores claros que permitan evaluar el impacto real de las acciones previstas a lo largo del tiempo.
“No responde al reclamo ciudadano, ya que nada tiene que ver con lo que venimos hace tres años reclamando”
, manifestaron los voceros de la organización, visiblemente disconformes con la falta de apertura al diálogo.
Asimismo, los activistas señalaron otra grave omisión en el articulado oficial: la falta de estrategias educativas integrales destinadas a promover cambios culturales y de conducta en la población respecto a la tenencia responsable de animales de compañía, un eslabón que consideran fundamental para cualquier programa de mediano y largo plazo.
La defensa del Programa de Equilibrio Poblacional como alternativa
Frente a la propuesta del Ejecutivo, el Movimiento Autoconvocado defiende la implementación del Programa de Equilibrio Poblacional (PEP). Se trata de un modelo de gestión pública alternativo que busca regular la reproducción de caninos y felinos bajo una perspectiva estrictamente ligada a la salud pública y el bienestar animal.
Los proteccionistas argumentan que el PEP es superador porque propone una metodología de castraciones que cumple con cinco condiciones básicas: deben ser masivas, gratuitas, tempranas, extendidas en el territorio y con metas anuales cuantificables. Además, este programa contempla una cobertura territorial equitativa, atención sanitaria básica, la aplicación de protocolos TNR (Atrapar-Neutralizar-Retornar) para animales comunitarios, y la prohibición explícita de la cría y comercialización de perros y gatos de raza.
Este modelo alternativo se encuadra dentro del paradigma internacional de «Una Sola Salud», promovido por organismos globales, el cual entiende que la salud de las personas, de los animales y del medio ambiente están intrínsecamente conectadas, de modo que el equilibrio de una de las partes beneficia directamente a toda la comunidad.
Dos modelos opuestos: burocracia administrativa versus salud pública
Para los proteccionistas de Villa María, las dos iniciativas en pugna responden a paradigmas conceptuales completamente opuestos. Mientras el Programa de Equilibrio Poblacional coloca a las castraciones masivas como la columna vertebral de la política pública, el proyecto del Ejecutivo municipal prioriza aspectos de control administrativo, tales como la creación de registros, inspecciones, multas y obligaciones punitivas para los propietarios.
En este sentido, los autoconvocados denunciaron que la iniciativa oficial no establece un número mínimo anual de cirugías de esterilización ni detalla de qué manera se medirán los resultados de la gestión. Sin metas claras y auditables, aseguran que el concepto de «castración masiva» anunciado por el municipio pierde sustento técnico y se convierte en una declaración de buenas intenciones imposible de evaluar.
Objeciones al Centro de Zoonosis y los límites de mascotas por vivienda
El proyecto del Ejecutivo también contempla la creación de un nuevo Centro de Zoonosis y Salud Animal para concentrar diversas tareas de cuidado. Sin embargo, este punto también recibió objeciones. Las organizaciones advierten que, al sumar múltiples funciones administrativas y de control a este nuevo organismo, la castración pierde prioridad y pasa a ser un servicio secundario.
También cuestionaron que la ordenanza oficial mantenga y convalide espacios físicos para el alojamiento prolongado de animales rescatados o retenidos. Para los proteccionistas, esto perpetúa un modelo obsoleto centrado en el encierro y el retiro de animales de la vía pública, en lugar de invertir los recursos públicos en políticas preventivas que eviten el nacimiento de camadas no deseadas.
Finalmente, respecto al Registro Municipal de Animales y la aplicación móvil «Mascotas Perdidas», el movimiento reconoció que son herramientas tecnológicas útiles para la modernización de la gestión, pero advirtió que su eficacia será nula sin una alta participación ciudadana previa. Del mismo modo, rechazaron el límite estricto de cinco mascotas por vivienda contemplado en el proyecto oficial, argumentando que la norma no distingue de manera justa entre acumuladores de animales y la tarea solidaria que realizan los hogares de tránsito, rescatistas y familias que atienden situaciones de emergencia.
