En un fallo sin precedentes que expone la vulnerabilidad y la corrupción dentro del sistema carcelario de la provincia, la Cámara 10ª del Crimen de Córdoba dictó condena para 25 de los 27 imputados en la causa del denominado «call center tumbero». La organización delictiva, dedicada a realizar estafas telefónicas a gran escala, funcionaba activamente desde el interior del establecimiento penitenciario de la ciudad de Villa María.
Casi diez años de prisión e inhabilitación para el exdirector del penal
La sanción más severa recayó sobre la máxima autoridad del penal al momento de los hechos. El exdirector del establecimiento, Andrés Américo Aciar, fue condenado a nueve años y seis meses de prisión. El tribunal determinó que el exfuncionario actuó como jefe de una asociación ilícita y como partícipe necesario en cuatro hechos de estafa. Adicionalmente, los jueces le aplicaron una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por un plazo de 19 años.
Por su parte, otros actores clave de la organización recibieron penas de cumplimiento efectivo. El imputado Edgar Ezequiel Arroyo fue condenado a ocho años y tres meses de prisión, mientras que Sebastián Ezequiel Moyano recibió una pena de seis años y diez meses de encierro, declarándose además su reincidencia en el marco del veredicto dictado.
La red de complicidades y el ocultamiento de secretos
La investigación judicial logró desarmar un complejo entramado de ocultamiento y favores. Los juzgados Oscar Pablo Figueroa y Santiago Mauricio Martín recibieron condenas de cinco años y seis meses de cárcel. En el caso de Martín, el tribunal lo encontró penalmente responsable del delito de violación de secretos. Asimismo, las condenas para Sofía Macarena Moyano y Ulises Nicolás Moyano se establecieron en cinco años y tres meses de prisión.
Para el resto de los integrantes de la banda, que incluía tanto a reclusos como a colaboradores externos y miembros del Servicio Penitenciario de Córdoba, la escala de penas osciló entre los tres años y un mes y los tres años y ocho meses. En varios de estos casos, el tribunal procedió a unificar las nuevas sentencias con castigos previos que los acusados ya registraban en sus antecedentes penales.
Absoluciones y el modus operandi de la banda
No todos los acusados recibieron condenas en este proceso. El exsubdirector del penal, Néstor David Gómez, y el expolicía Mauricio Marcos Agüero resultaron absueltos por el tribunal. La resolución judicial ordenó la inmediata libertad de ambos hombres, al constatar que no existían otros motivos de detención vigentes en su contra.
Durante las audiencias quedó al descubierto cómo operaba la red: el grupo lograba ingresar teléfonos celulares de manera ilegal a las celdas de la cárcel de Villa María para luego ejecutar los engaños y estafas telefónicas a víctimas externas, contando con el amparo y la connivencia de las autoridades hoy condenadas.
Exigen extremar los controles en los penales de Córdoba
La investigación penal preparatoria estuvo bajo las directrices del fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, mientras que el fiscal de Cámara, Gustavo Arocena, lideró la acusación pública durante el desarrollo del juicio oral. Tras el veredicto, el tribunal emitió una fuerte exhortación al Ministerio de Seguridad de Córdoba para que extreme las inspecciones y requisas en las cárceles de la provincia, con el objetivo urgente de frenar de manera definitiva la entrada y comercialización de equipos móviles en las dependencias estatales. Los fundamentos completos de la histórica sentencia se darán a conocer el próximo 21 de agosto.
