La segunda jornada del debate oral y público contra Rosana Maricel Videla (56) estuvo marcada por la contundencia de la acusación pública. El tribunal presidido por la jueza Edith Lezama de Pereyra escuchó un demoledor alegato por parte del fiscal de Cámara, Francisco Márquez, quien desarmó la estrategia de la defensa y sostuvo que la imputada tuvo la firme intención de terminar con la vida de su pareja.
Durante su exposición, el representante del Ministerio Público Fiscal fue categórico al afirmar que existen pruebas directas, indirectas, pericias técnicas y registros clave de cámaras de seguridad que fundamentan la acusación por tentativa de homicidio. Para el fiscal, la supervivencia del agredido no fue una decisión de la imputada, sino una cuestión puramente fortuita.
«No lo mató porque la víctima tuvo suerte; si no, acá estaríamos ante un homicidio consumado y no ante una tentativa», aseveró Márquez con dureza ante el tribunal.
Una herida de gravedad que desmiente la teoría de un ataque menor
El fiscal Márquez desestimó de plano cualquier intento de calificar la agresión como un incidente menor o una lesión leve. Apoyándose en los informes médicos oficiales del hospital, detalló que el ataque comprometió seriamente la integridad física de la víctima, identificada como Mugica.
«No fue un rasguño. En el hospital, lo primero que le realizaron a la víctima fue una ecografía donde se detectó que la herida tenía 2 centímetros de profundidad. Le pegó en un lugar vital», argumentó el funcionario judicial.
En su reconstrucción de los hechos, el fiscal remarcó que la conducta activa del agredido fue el factor determinante para salvar su vida, añadiendo de forma tajante que a la acusada «le faltó valentía para terminar lo que había empezado». Bajo esta premisa, insistió en que el dolo de matar estuvo presente: «No es que no lo quiso matar; quiso matarlo pero no lo pudo lograr. Tuvo la suerte de que Mugica, con su propia conducta, evitara su muerte».
Denuncias falsas y una trama de especulación inmobiliaria
Otro de los ejes centrales del alegato fiscal se enfocó en el trasfondo de la relación y los verdaderos motivos detrás del conflicto violento, descartando que se tratara de un caso de legítima defensa en un contexto de violencia de género. Márquez sostuvo que las denuncias previas radicadas por Videla y las consiguientes órdenes de restricción constituyeron una «manipulación a la justicia» con el fin de expulsar a su pareja del inmueble que compartían.
«La denuncia previa fue un instrumento para desalojar a su conviviente y hacer lo que quería con la casa», afirmó el fiscal.
Según la investigación, tras lograr la exclusión del hogar de su pareja, la mujer permutó la vivienda por una propiedad en la localidad de Ticino, la cual a su vez cambió posteriormente con un vecino por otra casa en Los Cisnes. Esta hipótesis de un móvil económico se vio respaldada por el testimonio de una amiga de la propia acusada, quien declaró en el juicio que las discusiones en la pareja eran estrictamente de índole financiera.
Estrategias de manipulación y el pedido de condena final
Para sostener el perfil de la imputada, el fiscal citó los resultados de las pericias psicológicas oficiales realizadas a Videla. El informe técnico es revelador sobre su personalidad y comportamiento habitual en sus relaciones afectivas.
«Se aprecia en la señora la intención de utilizar estrategias manipuladoras para acomodar el discurso a su conveniencia, con dependencia emocional de sus parejas y naturalizando la violencia como método», reza el informe pericial citado por Márquez.
No obstante el perfil psicológico expuesto, el fiscal aclaró de manera enfática que «Videla comprende perfectamente la criminalidad de sus actos», descartando cualquier tipo de inimputabilidad. Sobre el cierre de su alegato, el fiscal Francisco Márquez mantuvo la acusación formal por los delitos de desobediencia a la autoridad y homicidio doblemente calificado por el vínculo de pareja y alevosía en grado de tentativa. Al no haberse consumado el deceso, solicitó la pena de 10 años de prisión, más las accesorias de ley y las costas del proceso.
La suerte procesal de Videla quedará ahora en manos de la deliberación del jurado popular junto al tribunal técnico. Ellos tendrán la responsabilidad de determinar si la agresión respondió a una reacción defensiva o si se trató de un intento premeditado de terminar con la vida de su pareja a sangre fría.
