La causa penal contra el exintendente de Villa María, Martín Rodrigo Gill, sumó un nuevo capítulo procesal decisivo. La Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno de la ciudad, conducida por la fiscal Juliana Companys, dispuso elevar nuevamente a juicio la investigación en la que el exfuncionario se encuentra imputado por el delito de lesiones leves calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género.
La resolución fue confirmada de manera oficial por el Ministerio Público Fiscal (MPF), reactivando el trámite judicial tras los recientes fallos de instancias superiores que habían retrotraído el expediente.
Un expediente cruzado por denuncias de violencia física y psicológica
La acusación que acorrala al también exministro provincial se centra formalmente en dos episodios de agresión física que habrían ocurrido en diciembre de 2022 y enero de 2023, período en el cual Gill ejercía la intendencia de Villa María. La denunciante es su expareja, María Rosa de Lourdes Astudillo, con quien mantenía una relación sentimental iniciada a comienzos de 2022.
La presentación judicial fue efectuada por la víctima el 19 de marzo de 2023 ante la Unidad Judicial local. A lo largo del proceso, la fiscalía recopiló testimonios e informes para sostener la acusación. Además de las agresiones físicas concretas imputadas, la presentación de la expareja del exfuncionario describe un contexto sistemático de violencia psicológica y dinámicas de control que se habrían extendido durante la convivencia.
Desde el inicio de las actuaciones judiciales, Martín Gill ha rechazado enfáticamente la acusación. El exmandatario local ha sostenido su inocencia de forma reiterada, manifestando que los hechos relatados por la denunciante no existieron y que la causa carece de asidero probatorio.
El intrincado camino judicial y la anulación del tribunal de Río Tercero
El recorrido institucional de la causa ha estado marcado por reiterados reveses y contrapuntos entre las partes. La fiscal Companys había solicitado la elevación a juicio por primera vez en marzo de 2024. Posteriormente, en noviembre de ese mismo año, la jueza de Control de Villa María, María Soledad Dottori, ratificó el pedido del Ministerio Público al rechazar los planteos de nulidad interpuestos por la defensa técnica de Gill, encabezada por el abogado Eduardo «Tati» Rodríguez.
Sin embargo, el escenario dio un giro drástico el 28 de mayo de 2025, cuando la Cámara de Apelaciones con sede en los tribunales de Río Tercero hizo lugar a un recurso presentado por la defensa y anuló la elevación a juicio. En aquella oportunidad, el tribunal alzada declaró nulos diversos actos procesales, entre ellos la declaración de la testigo María Daniela Bertolino y el decreto que rechazaba material probatorio ofrecido por los abogados del imputado.
Con dicho fallo, el expediente debió regresar al despacho de la fiscal Companys para profundizar y reevaluar la instrucción. Tras subsanar los cuestionamientos marcados por la Cámara, este 13 de octubre la representación fiscal volvió a dictar el decreto de elevación a juicio oral.
Impacto en la trayectoria política del exintendente de Villa María
El avance de las actuaciones judiciales tuvo un impacto directo en la carrera pública de Gill, un dirigente de extensa trayectoria institucional que, además de ser intendente de Villa María, se desempeñó como rector de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) y ocupó cargos ejecutivos a nivel nacional.
Su último cargo público fue el de ministro de Cooperativas y Mutuales de la Provincia de Córdoba. En septiembre de 2024, presionado por el avance del proceso penal, solicitó una licencia sin goce de sueldo para finalmente formalizar su renuncia definitiva al gabinete provincial en noviembre de ese mismo año.
