Los Tribunales de la ciudad fueron escenario este jueves por la mañana del inicio de un nuevo juicio vinculado al trágico homicidio de Juan Orlando “Piñón” Sosa, de 69 años, ocurrido el 5 de abril de 2019. En esta oportunidad, el eje del debate judicial estuvo centrado en la revisión de la condena impuesta a Laura Andrea González, oriunda de Bell Ville, a quien en mayo de 2021 se le había dictado prisión perpetua. Sin embargo, dicho fallo fue revocado hace aproximadamente tres meses por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) con el objetivo de reevaluar sus condiciones personales al momento del hecho.
Tras la apertura de las audiencias y las exposiciones de las partes, los jueces resolvieron pasar a un cuarto intermedio. La resolución definitiva del tribunal se dará a conocer el próximo lunes a partir de las 09:00 horas, momento en que se fijará la nueva escala penal para la imputada.
Vulnerabilidad, salud mental y pedido de atenuación de la pena
Durante el desarrollo de la jornada, la defensa de González remarcó que la capacidad de accionar de su representada se encontraba severamente limitada por su condición de salud mental y su historia de vida. En esa línea, se invocó la perspectiva de género y se cuestionó que la sentencia original no hubiera ponderado adecuadamente el contexto situacional ni la inconstitucionalidad de aplicar una pena rígida que impedía valorar el grado real de culpabilidad de la acusada.
Para fundamentar la postura, se incorporaron testimonios e informes periciales que estimaron la capacidad de comprensión de la mujer en un rango equivalente al de una persona de entre 11 y 16 años. Los informes resaltaron su alta susceptibilidad frente a terceros y la situación de dependencia que mantenía con su pareja de aquel entonces, Lucas Ezequiel Salto, al momento de cometerse el crimen.
Asimismo, la defensa repasó el extenso historial de internaciones psiquiátricas de González, iniciado a los 15 años en el Hospital de Oliva, complementado por un marco de consumos problemáticos de sustancias, pobreza estructural y situaciones de violencia sufridas desde temprana edad. Ante este panorama, el letrado defensor solicitó aplicar circunstancias extraordinarias de atenuación para fijar una condena de entre 10 y 15 años —proponiendo un tope de 12 años—, sumado a la exigencia de que el Estado garantice acompañamiento y tratamiento psicológico al momento de recuperar la libertad.
El giro del Ministerio Público Fiscal y el aval a los 12 años
Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal analizó las pericias oficiales y las convenciones internacionales sobre discapacidad integradas a la legislación nacional. Si bien la Fiscalía sostuvo que González comprendía la criminalidad del acto que cometió, advirtió que su culpabilidad se encontraba notablemente disminuida debido al contexto de extrema vulnerabilidad e institucionalización que atravesó a lo largo de su vida.
En el tramo final de las alocuciones, la acusación sorprendió al coincidir de manera directa con el monto de la pena requerido por la representación técnica de la imputada.
“Entiendo prudente que se disponga la pena anunciada por la defensa, lo cual es 12 años de prisión”, expresó el fiscal durante su intervención.
De esta manera, el Ministerio Público respaldó formalmente el encuadre legal bajo las pautas de menor culpabilidad, dejando el camino despejado para una reducción sustancial de la condena original.
El homicidio de «Piñón» Sosa que conmocionó a la ciudad
El proceso penal reexamina los dramáticos hechos sucedidos la tarde del 5 de abril de 2019. En esa ocasión, Juan Orlando “Piñón” Sosa, vecino de 69 años domiciliado en la calle Centenario al 800, salió de su vivienda con destino a un comercio cercano para realizar la compra de alimentos cotidianos.
Durante el trayecto, a la altura de un viejo galpón situado dentro del predio del Molino Fénix, Sosa fue interceptado de manera coordinada por Laura Andrea González y Lucas Ezequiel Salto. La pareja residía de forma transitoria en un hotel céntrico ubicado sobre la calle Corrientes.
Originalmente, ambos habían llegado a la instancia de juicio imputados por el delito de homicidio gravemente calificado por criminis causa y alevosía, en un caso atravesado por la precariedad material y antecedentes delictivos contra la propiedad. Con las exposiciones concluidas y el cuarto intermedio dispuesto, el tribunal dará a conocer el monto definitivo de la nueva pena el próximo lunes.
