La Municipalidad de Villa María dio un paso histórico en materia de derechos humanos al elevar al Concejo Deliberante, para su ratificación, un convenio de Cooperación y Financiamiento suscripto con el prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). La iniciativa tiene como objetivo central acompañar de manera institucional, técnica y económica las tareas científicas de exhumación, análisis e identificación de restos óseos de ciudadanos villamarienses desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, que fueron enterrados en fosas clandestinas en el ex centro clandestino de detención de La Perla.
Un hito de financiamiento local ante el retiro de fondos nacionales
Con la firma y ratificación de este acuerdo, Villa María se transformará formalmente en el primer municipio de toda la República Argentina en destinar fondos de sus propias arcas para el financiamiento de las tareas científicas del EAAF. El Estado local realizará un aporte de 123 millones de pesos para garantizar la continuidad de los análisis forenses, un área clave que ha sufrido el recorte de recursos por parte del Gobierno nacional.
El intendente Eduardo Accastello fundamentó la decisión basándose en la urgencia humanitaria de las familias locales. El mandatario local explicó el contexto detrás de la medida de asistencia financiera:
“Los análisis que se hacen desde el Área de Antropología Forense de Córdoba para revelar datos de personas a partir de restos humanos son muy costosos, y el Estado nacional ha dejado de financiar al área. Ahí surgió nuestra propuesta, porque hay familias villamarienses que están esperando respuestas desde hace 50 años. Nosotros quisimos formar parte, colaborar y aportar para ayudar a identificar villamarienses, familias villamarienses”.
Asimismo, el jefe comunal enfatizó el carácter transversal de la iniciativa, señalando que la búsqueda de la identidad supera cualquier debate partidario. “Esto no es una cuestión de ideas, de ideologías, esto es una cuestión de humanidad, esto es una cuestión de Memoria, de Verdad y de Justicia. Esto es una política de Estado, acá no hay diferencias ideológicas. Cuando decimos una Villa María más humana, esto es una Villa María más humana”, concluyó Accastello.
El respaldo de los organismos de derechos humanos y familiares
La presentación oficial del proyecto de ordenanza contó con un fuerte respaldo político y social. Estuvieron presentes el presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Inglese; el secretario de Gobierno, Cultura y Relaciones Institucionales, Marcos Bovo; el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Villa María, Elvio Omar Toscano, junto a familiares de víctimas de la dictadura.
Toscano destacó el rol activo que debe asumir el Estado en sus diferentes niveles frente a las demandas históricas de la sociedad civil:
“El Estado, en este caso el municipal, es un aparato constitucional que tiene que abordar y hacerse responsable de todo lo que pasa en la sociedad. Y, en este caso, con una situación tan difícil y delicada, que el Municipio de Villa María apoye esta iniciativa, porque sabe que estamos buscando y vamos a encontrar a muchos de nuestros compañeros que están ahí en La Perla, es muy importante. Lo que el municipio hace es un aporte para seguir trabajando en la búsqueda de todos los compañeros que todavía están desaparecidos como el ‘gallego’ Requena, entre otros”.
El contexto de la Megacausa La Perla y las identificaciones recientes
El convenio se inscribe orgánicamente dentro de las investigaciones judiciales de la denominada «Megacausa La Perla». En este marco, las excavaciones y análisis científicos en el predio del ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio han arrojado resultados cruciales en el último tiempo, permitiendo devolver la identidad a víctimas cuyos rastros permanecieron ocultos por décadas.
Entre las identificaciones recientes de ciudadanos oriundos de Villa María se encuentran la psicóloga Silvia Ester Felipe y el periodista y delegado sindical Luis Carlos Mónaco. Además, en el mismo proceso de investigación impulsado por la Justicia Federal y el EAAF, se logró identificar los restos de José Nicolás Brizuela, Eduardo Valverde y Marta Ledesma, marcando hitos de verdad para sus familias y para la memoria colectiva de la región.
