La tensión gremial y política se trasladó este 1 de septiembre a las puertas de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María. En una jornada marcada por el descontento, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevó a cabo una masiva asamblea frente al portón principal de la planta local para manifestar su enérgico rechazo a la apertura de capitales privados en el sector de Defensa, una medida impulsada por el Gobierno nacional que el sindicato no duda en calificar como una «privatización de hecho».
La movilización congregó a los operarios de la planta de Villa María, referentes de la seccional local y miembros del Consejo Directivo Nacional de ATE. El eje del reclamo se centró en el Concurso Público Nacional e Internacional número CPU-2026-SC-001. A través de este mecanismo administrativo, el Ejecutivo nacional busca conformar Uniones Transitorias con socios estratégicos privados, tanto de origen nacional como extranjero, abriendo la puerta a una reconfiguración histórica de la histórica fábrica.
El pliego de la polémica: control privado y financiamiento estatal
De acuerdo con un informe técnico detallado que fue elaborado por los propios trabajadores y expuesto durante la jornada, el esquema del concurso transfiere de manera integral el manejo de la producción de pólvoras, explosivos, municiones y armamento. Las condiciones de la licitación encendieron las alarmas de la organización sindical por el nivel de concesiones que otorga al sector privado.
«El pliego establece que el socio privado asumiría al menos un 51% de participación, sin fijar un límite máximo. Esta condición le permitiría designar a la mayoría del Comité Ejecutivo, a la presidencia y a la representación legal de la unidad», advirtieron desde ATE.
Además, se detalló que la cesión operativa y comercial contemplada en el llamado administrativo se extendería por un lapso de entre 10 y 35 años. La mayor contradicción señalada por los representantes gremiales radica en el esquema laboral: mientras que las tareas, turnos y horarios quedarían bajo la estricta gerencia privada, los operarios permanecerían formalmente en la plantilla estatal, lo que significa que sus sueldos e indemnizaciones seguirían corriendo por cuenta del erario público.
Pérdida salarial y desmantelamiento de servicios esenciales
La asamblea no solo sirvió para analizar el impacto geopolítico y productivo de la licitación, sino también para exponer el deterioro cotidiano que vienen sufriendo las condiciones laborales en la planta villamariense. Los representantes gremiales calcularon que, desde el año 2023 a la fecha, los trabajadores de la fábrica arrastran una pérdida del poder adquisitivo cercana al 30%.
A este panorama de retroceso salarial se le suman decisiones operativas recientes que afectaron de manera directa el bolsillo y la logística de los empleados. Según denunciaron, tanto en la sede local de Villa María como en la planta de Fanazul se dio de baja el servicio de transporte de personal, un beneficio clave que trasladaba diariamente a cientos de operarios hacia sus puestos de trabajo.
Un escenario de ajuste que golpea a la región
Para la conducción de ATE, el intento de privatización a través de este concurso internacional no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un proceso de ajuste generalizado sobre el sistema de producción para la defensa. En este sentido, la entidad sindical advirtió sobre la implementación de planes de retiro voluntario y jubilaciones sin reposición de cargos, políticas que buscan reducir la dotación de personal de manera indirecta.
El conflicto local se enmarca en un contexto de profunda preocupación regional por el destino de otras dependencias de Fabricaciones Militares. Durante el encuentro se recordó la parálisis que actualmente afecta a la planta de Azul y el cierre previo de la sede de Jáchal, en San Juan. La asamblea concluyó con la ratificación unánime del plan de lucha en defensa de los puestos de trabajo y la exigencia urgente de abrir canales de diálogo con las autoridades nacionales, reclamando precisiones sobre el futuro de una producción que consideran estratégica para la soberanía nacional.
